Universidades en Perú otorgarán créditos académicos por voluntariado en protección animal

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dio un paso clave para cambiar la forma en que se valora el voluntariado en el país. A través de un pre reglamento puesto en consulta pública, la entidad plantea que las horas de voluntariado certificadas puedan convertirse en créditos académicos universitarios y, además, otorguen ventajas concretas para acceder a becas y programas estatales, incluso de vivienda social.

La propuesta se sustenta en la reciente Ley N.° 32396, que amplía los beneficios para las personas voluntarias y reconoce oficialmente la experiencia adquirida en organizaciones inscritas, más allá de las iniciativas promovidas directamente por las universidades.

Uno de los cambios más relevantes del pre reglamento es la reducción del número de jornadas exigidas para acceder a los beneficios. A partir de ahora, bastará con acreditar 100 jornadas de voluntariado en un periodo de dos años, dejando atrás el requisito anterior de 180 jornadas.

Para que estas actividades sean válidas, el voluntariado debe estar certificado por una organización registrada en el padrón nacional del MIMP y la persona debe figurar como “inscrita y activa”, es decir, con inscripción vigente y al menos dos jornadas realizadas en los últimos dos años.

El alcance de la norma es amplio: las certificaciones no se limitan al voluntariado gestionado por universidades. Los estudiantes podrán presentar constancias de actividades realizadas en entidades externas, siempre que estas cumplan con los requisitos formales. Cada casa de estudios, sin embargo, definirá el procedimiento interno de convalidación, de acuerdo con su reglamento y la Ley Universitaria.

Además del reconocimiento académico, el pre reglamento contempla puntaje adicional en procesos de postulación a becas nacionales e internacionales, como las gestionadas por Pronabec, así como ventajas en programas estatales de vivienda de interés social.

La norma también refuerza el rol del MIMP como ente articulador, obligándolo a brindar asistencia técnica a las organizaciones de voluntariado, tanto a las ya inscritas como a las que se encuentren en proceso de formalización. El objetivo es asegurar una correcta certificación de las jornadas y evitar validaciones irregulares.

Según cifras oficiales, el Registro Nacional de Voluntariado cuenta con alrededor de 16.500 personas inscritas. De ellas, más de 4.000 jóvenes entre 18 y 24 años podrían acceder al reconocimiento académico, mientras que unos 8.000 adultos jóvenes tendrían ventajas en becas y otros programas públicos.

El impacto potencial es aún mayor si se considera que el sistema universitario peruano supera el 1,6 millones de estudiantes. Además, la medida responde a una realidad concreta: más del 73 % de las personas voluntarias inscritas son mujeres, lo que refuerza el enfoque de equidad y reconocimiento del trabajo social femenino.

El pre reglamento abre la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por voluntariados no directamente vinculados a la carrera del estudiante. El criterio central es que la experiencia esté debidamente certificada por una organización inscrita.

Sin embargo, será cada universidad la que determine si exige una relación temática mínima o si acepta cualquier tipo de voluntariado. Por ejemplo, un estudiante de Derecho que realice labores en una organización de protección animal podría solicitar créditos, pero la decisión final dependerá del reglamento interno de su casa de estudios.

Entre las actividades que podrían ser reconocidas —siempre que la universidad lo autorice— se encuentran el apoyo en comedores populares, rescate animal, refuerzo escolar, campañas ambientales, asistencia en centros de salud y programas de apoyo a poblaciones vulnerables.