Acusan a Rafael López Aliaga de incitar a la insurgencia y presentan denuncia penal en su contra

El 15 de abril, se interpuso una denuncia penal contra Rafael López Aliaga por la presunta comisión del delito de perturbación del proceso electoral. La acción legal fue presentada ante el Ministerio Público del Perú, donde se sostiene que el político habría utilizado su alcance público para promover una posible insurgencia civil tras expresar cuestionamientos a los resultados de los comicios.

Según el documento, López Aliaga habría alentado acciones que podrían alterar el orden público al exigir que el proceso electoral sea anulado en un plazo de 24 horas. En ese contexto, los abogados Indira Rodríguez y Doller Huamán pidieron que se disponga su detención inmediata bajo el argumento de flagrancia. Los denunciantes señalan que, mientras continúen los llamados a la insurgencia a través de redes sociales y actos públicos, el supuesto delito seguiría desarrollándose.

Como parte del sustento de la denuncia, la Fiscalía recibió material audiovisual del pronunciamiento que López Aliaga ofreció frente al Jurado Nacional de Elecciones, además de capturas de publicaciones difundidas en sus plataformas digitales. El documento también advierte que este tipo de expresiones no estarían protegidas por la libertad de opinión, ya que podrían afectar el derecho al voto de los ciudadanos y la estabilidad institucional del país.

La denuncia se originó luego de lo ocurrido la noche anterior, cuando Rafael López Aliaga lideró una protesta frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Durante la manifestación, el candidato dio un plazo de 24 horas para que se invalide el proceso electoral y solicitó que se ordene la detención del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. Según afirmó, alrededor de 500.000 votos habrían sido sustraídos, aunque no presentó evidencias que respalden esa acusación.

En su intervención ante los simpatizantes, el líder de Renovación Popular sostuvo que el proceso electoral formaría parte de un mecanismo destinado a distorsionar la decisión de los ciudadanos. Asimismo, cuestionó el rol de las misiones de observación de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos, y pidió que abandonen el país. Por su parte, las autoridades electorales han explicado que los retrasos en el conteo responden a dificultades logísticas relacionadas con el traslado de las actas.