PARO INDEFINIDO en Lima y Callao: Transportistas EXPLOTAN ante extorsiones y atentados y alistan medida extrema
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Un importante sector del gremio de transporte urbano en la capital viene considerando acatar un paro indefinido frente al aumento de extorsiones, atentados y asesinatos que afectan tanto a choferes como a pasajeros en las últimas semanas, según indicó el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, en declaraciones recogidas por RPP.
La opción de suspender completamente el servicio cobra cada vez más respaldo entre las empresas formales, que advierten un escenario crítico marcado por la violencia y la falta de acciones contundentes por parte del Estado.
La inseguridad ya no solo preocupa a los transportistas, sino que se ha convertido en una problemática diaria que también impacta a los usuarios. El reciente asesinato de un conductor y dos pasajeros en una ruta conocida como “rojitos” en San Juan de Miraflores evidencia la gravedad de la situación.
“Ya casi es como si habláramos, lamentablemente, de un hecho tan cotidiano que empieza a dejar de ser noticia”, comentaron los transportistas.
De acuerdo con Vargas, la presión de las bandas delictivas no se reduce únicamente a los ataques físicos. “Desde hace mucho tiempo se empezó con el incremento del pasaje de las rutas que tenían que cubrir además esta diferencia que se venía cobrando cada vez mucho mayor por parte de los extorsionadores”, relató.
El representante explicó a RPP que los delincuentes exigen pagos ilegales, conocidos como 'cupos', en distintos distritos, sometiendo a las empresas y conductores bajo constantes amenazas.
Promesas y frustración en el gremio de transportes
Según el gremio, la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades ha agravado el panorama. “No ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, estamos en una situación más difícil”, afirmó Héctor Vargas.
Asimismo, detalló que, pese a reuniones con altos funcionarios, los constantes cambios de ministros del Interior y la falta de coordinación entre instituciones han frenado avances reales.
Un caso reciente refleja esta desarticulación. Mientras el ministro del Interior anunció la compra de 40.000 cámaras de vigilancia para unidades de transporte, al día siguiente el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que dicha adquisición sería responsabilidad de la municipalidad. “Finalmente, un tema que debió haberse hecho hace un año y medio”, lamentó Vargas.
La propuesta de instalar cámaras de seguridad surgió en 2024, cuando el gremio impulsó sus primeras paralizaciones frente al avance del crimen organizado. Sin embargo, actualmente el titular de la Coordinadora considera que esta medida ya no es suficiente frente a la magnitud del problema.
“Quizás en el 2024 era un método disuasivo que se podía utilizar, pero al día de hoy, después de que la criminalidad ha avanzado y ha crecido exponencialmente, creemos que se deben de tomar otras medidas”, declaró en la misma entrevista.
