Cristorata es declarado PERSONA NO GRATA en Cusco tras polémicos comentarios racistas

“Cusco no tolera el racismo. Cusco se respeta”. Con esa frase, la Municipalidad Provincial del Cusco abrió un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a las expresiones realizadas por Christopher Puente Viena durante una transmisión en vivo. El documento establece una postura institucional frente a comentarios que, según la entidad, afectan la dignidad de la población indígena y de los pueblos del sur del país.

El pronunciamiento indica que las declaraciones difundidas representan una ofensa a la identidad cultural andina y a los valores de respeto e inclusión. En ese sentido, la municipalidad enfatizó que este tipo de manifestaciones no tienen cabida en una sociedad democrática y multicultural, y subrayó la importancia de una respuesta firme desde el ámbito público.

Asimismo, el comunicado respalda las acciones legales emprendidas por el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público. “Exigimos que se impongan sanciones ejemplares que sienten un precedente firme frente a cualquier forma de discriminación”, señala el texto difundido por la entidad cusqueña.

En el mismo documento, la Municipalidad Provincial del Cusco informó que el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo declaró a Christopher Puente Viena como “persona no grata”. Según se detalla, esta medida refleja el sentir de la ciudadanía frente a expresiones que buscan denigrar a la población andina.

El comunicado también reafirma el compromiso institucional con la defensa de la dignidad, la igualdad y el respeto intercultural, destacando que estos hechos no solo afectan a personas individuales, sino también a colectivos vinculados con la identidad cultural de la región.

Previo a este pronunciamiento, el abogado cusqueño Dennis Llamoca presentó una acción legal por los mismos hechos. El letrado explicó que las disculpas públicas ofrecidas por el streamer no eliminan la responsabilidad penal, ya que se trataría de un presunto delito común.

“No es un proceso privado de querella”, sostuvo, al precisar que la acción penal corresponde al Ministerio Público. Según indicó, este tipo de proceso puede continuar independientemente de una eventual retractación pública del investigado.

El abogado también señaló que, de confirmarse los hechos, el caso podría derivar en una sanción penal y en el pago de una reparación civil a favor de la sociedad, al tratarse de afectaciones a colectivos, especialmente poblaciones andinas.

De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía ya inició diligencias preliminares que incluyen la toma de declaraciones, la revisión del material audiovisual y la realización de peritajes. El implicado deberá rendir su manifestación ante el Ministerio Público como parte del proceso.