Reconocida universidad en Perú cerrará para siempre este 2025 al no obtener licenciamiento de Sunedu: Esto pasará con su alumnos

Una universidad privada que venía operando desde hace casi veinte años está atravesando la fase final de su proceso de cierre, luego de que la Sunedu le denegara el permiso para continuar funcionando. Esta decisión se tomó debido al incumplimiento de diversas exigencias establecidas por la Ley Universitaria.

Mientras algunas instituciones de educación superior lograron adecuarse a los requisitos y seguir operativas, esta universidad no logró corregir las observaciones hechas por el ente regulador. Aunque la medida fue adoptada hace algunos años, el cierre definitivo se concretará en 2025, tras finalizar el plazo legal otorgado por la Sunedu.

Se trata de la Universidad Privada San Carlos (UPSC), ubicada en Puno, la cual inició actividades en octubre de 2006. En 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria concluyó que esta casa de estudios no cumplía con los criterios básicos exigidos por la ley, motivo por el cual se le negó el licenciamiento institucional.

Pese a los esfuerzos por continuar operando, la universidad no logró revertir la decisión ni presentó un plan de adecuación aceptable. Según lo dispuesto por la Sunedu, el cierre progresivo culminará el 30 de agosto de 2025, fecha en la que la UPSC deberá cesar sus actividades definitivamente.

Durante el proceso de revisión, la Sunedu identificó importantes carencias en distintas áreas. Entre los problemas más serios estaban la falta de herramientas sólidas para la planificación institucional y debilidades en la gestión de la calidad. También se observaron deficiencias en los procesos de admisión extraordinaria, lo que generaba confusión entre los postulantes.

En cuanto a la infraestructura, se hallaron instalaciones que no cumplían con los estándares de seguridad ni con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se detectaron aulas en condiciones inadecuadas, espacios mal distribuidos, incluso para docentes, así como deficiencias en los servicios médicos y de biblioteca, que no operaba durante toda la jornada académica.

Uno de los puntos más críticos fue la existencia de sedes no autorizadas, como las ubicadas en Juliaca e Ilave, donde se dictaban clases sin el aval de la Sunedu ni las condiciones mínimas para ofrecer formación profesional. Esta situación derivó en una multa superior a los 600 mil soles.

Respecto al cuerpo docente, la universidad no pudo demostrar que todos sus profesores sin grado de maestría o doctorado estaban habilitados para enseñar antes de la entrada en vigencia de la actual Ley Universitaria. También se reportaron irregularidades en los procesos de contratación docente, lo que afectó negativamente la calidad educativa.

Cuando se le negó el licenciamiento, la UPSC contaba con 3,137 estudiantes matriculados en programas de pregrado como Contabilidad y Finanzas, Derecho, Ingeniería Ambiental y Enfermería. Todos ellos fueron directamente afectados por la medida. Para resguardar su derecho a la educación, la Sunedu estableció mecanismos que aseguren la continuidad de sus estudios.

Durante el proceso de cierre progresivo, se permitió que los alumnos permanecieran en la universidad mientras esta cumpliera con los estándares mínimos, y se facilitó su traslado a otras instituciones licenciadas con carreras afines. Asimismo, la universidad quedó obligada a garantizar la entrega de títulos, grados y documentos académicos hasta finalizar el proceso.