Congresista que busca expandir permiso a combis estuvo vinculado a empresa de transporte

Este martes se debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso el predictamen que propone expandir el permiso de circulación al transporte urbano por seis años, impulsado por el congresista Marcos Antonio Pichilingue Gómez, de la bancada de Fuerza Popular.

El parlamentario estuvo vinculado a una empresa de este sector y además tiene antecedentes de una conducta vehicular cuestionable. Sin embargo, el fujimorista asegura que no existe algún conflicto de interés.

Para los comicios congresales de 2020, Pichilingue Gómez precisó en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que tenía acciones en la empresa de transportes Puerto Chico SAC, la cual operaba la ruta urbana Lima - Callao.

Según SUNAT, esta empresa se fundó el 26 de setiembre del 2013 y fue dada de baja el 31 de enero del 2015. No obstante, el legislador todavía cuenta con acciones en Puerto Chico SAC, ya que aunque no esté operativa, sigue existiendo como razón social.

Por otro lado, en la página del SAT se registran 17 infracciones de tránsito cometidas por el miembro de Fuerza Popular, desde el 2004 hasta el 2013. Son 7 faltas leves, 9 graves y una muy grave, varias de ellas cuando ejercía labores en el transporte público.

De este modo, entre las infracciones figura adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo, tocar el claxon de manera innecesaria, no conservar su derecha, no presentar la póliza del vehículo cuando es solicitado, prestar el servicio de taxi con un vehículo no autorizado, y otras más.

En declaraciones a La República, el congresista aceptó que se había desarrollado en el rubro de transporte durante varios años, y precisó que tuvo que dejar el sector, pues “como consecuencia de las reformas”, la ruta que él operaba quedó reducida a una urbana y dejó de ser rentable.

En la misma línea, manifestó que su proyecto no tiene ningún interés detrás de su aprobación, porque va a beneficiar a empresas de transportes que están vigentes, no a las que ya no están operativas, como es el caso de Puerto Chico SAC.

El legislador Marcos Pichilingue presentó el proyecto que modifica la ley 30900, que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), para lo cual propone que en vez de que esta entidad reguladora del transporte les renueve la autorización a las combis y los micros por algunos meses, esta se prolongue por seis años.

La justificación de esta prolongación del permiso, según declaró a este medio, tiene dos motivaciones. Una, es conseguir que la ATU consolide el plan regulador de ruta de Lima y Callao.

“Cuando yo le pregunté a la señora Jara (presidenta de la ATU) cuánto tiempo le iba a tomar elaborar el plan regulador de ruta de Lima y Callao, me dijo que necesitaba tres años. Yo considero que es muy poco, y con la pandemia, debe ser por lo menos cuatro. Entonces el 31 de octubre ella va a tener que renovar las autorizaciones, independientemente del proyecto, porque sino la ciudad de Lima se quedaría sin servicio público”, indicó el parlamentario.

Otra de las razones por la cual Marcos Pichilingue plantea esta prórroga es para “darles el tiempo necesario” a las empresas de transporte urbano para que mejoren su flota y otros aspectos de su servicio. De esta manera, podrán estar al nivel de otras empresas al momento del proceso de licitación.

“En vez de que la ATU esté renovando por cada 8 meses, renuévele por 6 años. Los empresarios peruanos podrían competir en igualdad de condiciones con cualquier empresario nacional o extranjero”, expresó el integrante de FP.

Asimismo, precisó que si luego de esos seis años de permiso hay empresas que han incumplido las reglas establecidas, serían canceladas. "Se quedarán las más fuertes, las que han renovado su flota, las que tienen su paradero”, añadió.

Otra de sus propuestas dentro del mismo proyecto de ley es que un representante de los transportistas del Callao y uno de Lima formen parte del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano.

El congresista afirmó que el equipo directivo actual del ATU no tiene la capacidad de gestionar de manera adecuada los procesos, pues “ha llevado al fracaso la modernización”.

Por lo cual, considera que miembros transportistas deben intervenir en las decisiones del consejo directivo: “Lo que ellos pueden aportar es su experiencia, lo que ellos conocen (...), lo que estamos proponiendo es que los que saben de transporte, den opinión".

Con información de: La República.