Galaga SAC asegura que cumplió con el traslado de material electoral y pide que la ONPE se disculpe por dañar su imagen

Este lunes 13 de abril, trece colegios que no lograron abrir sus mesas de sufragio el domingo fueron habilitados un día después de las Elecciones Generales 2026, tras el retraso en la entrega de material electoral atribuido a la empresa Servicios Generales Galaga. La compañía, que registra penalidades previas por S/64.000 impuestas por la ONPE, emitió un pronunciamiento asegurando que cumplió estrictamente con las disposiciones del contrato suscrito.

En medio de la crisis generada por la falta de entrega de cédulas de votación durante las Elecciones Generales 2026, lo que impidió que numerosos ciudadanos pudieran emitir su voto, la empresa encargada del traslado de material electoral fue mencionada en el proceso.

A través de un comunicado, la compañía señaló: “El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad”.

Asimismo, precisaron que las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales de la empresa, sino a factores externos a su operación, los cuales —según indicaron— deben ser evaluados de forma integral por la entidad contratante.

“Rechazamos cualquier afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas, cuando estas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas”, sostuvo la compañía.

Sobre las declaraciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicaron que “han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de nuestra empresa, sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio”.

Finalmente, solicitaron a la autoridad electoral que disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca disculpas públicas por los daños ocasionados. Además, informaron que ya entregaron toda la documentación del contrato a la Dircocor, en presencia del Ministerio Público, para colaborar con las investigaciones.

La Contraloría General de la República advirtió que la empresa Galaga, encargada del traslado del material electoral, no habría tenido la capacidad suficiente para cumplir adecuadamente esta labor. “Durante la ejecución de la Visita de Control se ha advertido una situación adversa que amerita la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso”, señalaron.

Asimismo, indicaron que la empresa no acreditó que los conductores cumplieran con la experiencia mínima de un año exigida, lo que representaría un riesgo operativo. También detectaron la subcontratación de unidades que no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato.