Juntos por el Perú promueve la anulación de 2.351 mesas de sufragio, una acción que representaría el desembolso de más de tres millones de soles en concepto de tasas administrativas, en medio de un proceso electoral marcado por cuestionamientos, denuncias de presuntas irregularidades y la revisión de actas y votos.
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El proceso electoral de 2026 atraviesa un nuevo episodio de controversia luego de que Juntos por el Perú presentara recursos para solicitar la nulidad de un importante número de mesas de votación.
La organización acudió al Jurado Electoral Especial (JEE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el pedido de anular 1.751 mesas correspondientes a la segunda vuelta electoral, al alegar presuntas irregularidades y una supuesta alteración de actas que habría beneficiado a Fuerza Popular en Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash. De acuerdo con el recurso presentado, la agrupación identificó patrones de votación repetitivos que, según sostiene, favorecieron a su rival político en diversas jurisdicciones.
Juntos por el Perú afirma haber encontrado “indicios graves, concordantes y sistemáticos” de posibles anomalías. Asimismo, señala que en determinados centros de votación se habrían registrado resultados idénticos en varias mesas, una situación que considera inusual dentro de un proceso electoral. Con esta acción, busca dejar sin efecto los resultados obtenidos en diversas zonas consideradas estratégicas para el resultado nacional.
La solicitud de nulidad también implica un elevado desembolso económico. Según el tarifario vigente del Jurado Nacional de Elecciones, cada pedido de nulidad de una mesa de sufragio requiere el pago de S/1.337,50.
Tomando en cuenta que el recurso comprende 2.351 mesas en total —1.751 ubicadas en territorio peruano y 600 en Estados Unidos—, el monto que debería asumir la agrupación supera los tres millones de soles.
El detalle es el siguiente:
La cifra refleja el importante costo que representa para una organización política cuestionar los resultados de un número considerable de mesas de sufragio. Además, el pago debe realizarse de manera íntegra antes de que los organismos electorales inicien el procedimiento de evaluación de los recursos presentados.