Los textos escolares podrán ser modificados por grupos conservadores

Ya se veía venir. Luego varios intentos, seis años para ser precisos, los grupos conservadores lograron lo que tanto quisieron, pues ellos podrán intervenir en la elaboración de los textos escolares.

Los grupos conservadores consiguieron esto tras la aprobación del pleno del Congreso del proyecto de ley N° 904-2021, en el que mencionan que reduce el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) y ordena que el contenido de los materiales educativos pase por la revisión de determinadas organizaciones de padres, entre ellas las que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral.

Según señalan, si no se cumple van a haber sanciones, destituciones y hasta la supresión de las páginas “observadas” de los libros.

El texto sustitutorio, que el último jueves recibió 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, tiene como autor a Esdras Medina, de Renovación Popular, quien también es rostro visible del colectivo ultraconservador Con mis hijos no te metas.

Este proyecto, al igual que la contrarreforma universitaria, pasó por la Comisión de Educación sin un amplio debate técnico y unió a las bancadas de derecha e izquierda (RP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción Popular, APP).

Tras su aprobación, entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alertan que se trata de un grave retroceso en la implementación del enfoque de género en las escuelas, lo cual -en términos prácticos- apunta a construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, sin violencia ni discriminación.

“Limita las competencias del Minedu para elaborar los materiales y la rectoría del MIMP en sus políticas de género”, dice la titular de la Mujer, Diana Miloslavich.

Además, subraya la Defensoría, desconoce el currículo escolar, las políticas multisectoriales a favor de niños, convenciones internacionales y hasta la Constitución. También representa un peligro al institucionalizar la práctica del derecho al veto por parte de los padres cuando el rol rector y técnico lo tiene el Minedu.

“Imagina que los padres definan contenidos educativos y que habría que consultarles si se debe enseñar Lenguaje o Matemática. Ellos no están impedidos de hablar directamente con sus hijos. Lo que no pueden hacer es prohibir que un niño conozca sobre educación sexual integral. Prefieren otorgar el derecho a veto y no se escoge la prevención de problemas históricos como la violencia”, indica la adjunta de la Niñez y Adolescencia, Matilde Cobeña.

Esta norma que “impulsa la calidad de los materiales educativos” plantea que los padres participen en el proceso de elaboración para las áreas de Personal Social; Desarrollo Personal, Ciudadanía y Educación Cívica; Ciencias Sociales; Descubrimiento del Mundo, y Ciencia y Tecnología no solo a través de las Apafa, sino también con “asociaciones civiles constituidas e inscritas en Registros Públicos” u otras instancias de representación.

Precisamente, este tipo de organizaciones -de posición conservadora- fueron las que dieron una opinión “técnica” sobre dicho proyecto en la Comisión de Educación, presidida por Medina. Entre ellas están la Coordinadora Nacional Profamilia, la Coordinadora por la Vida de Arequipa, la asociación Origen-Vanguardia y Cambio Cultural, de Giuliana Caccia, opositora al enfoque de género.

(Con información de Milagros Berríos/LR)