Teniente PNP graba a juez y conmociona la Corte Suprema

La Corte Suprema en la lupa de la opinión pública. La difusión de un primer audio de una conversación entre el teniente PNP Jorge Rodríguez Machado y el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Hugo Núñez Julca, generó polémica y alertó a la institución en la que labora.

Rodríguez es un oficial de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ducho en inteligencia que desde el 2018 se encarga del análisis de los registros de comunicación en el caso "Cuellos Blancos del Puerto".

Núñez es el juez a cargo del juzgado supremo de investigación preparatoria que evalúa las investigaciones y dicta las medidas restrictivas de derecho en los casos de altas autoridades públicas, lo que incluye a la citada banda delictiva líneas arriba.

En setiembre pasado, el oficial Rodríguez presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Núñez y el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Los señaló de haber violado sus derechos en una resolución dictada en mayo del 2019, en la que se incluyó su número telefónico personal.

Por su labor, Rodríguez se enteró de inmediato y, supuestamente, reclamó a la Fiscalía. Le explicaron que fue un error y allí quedó todo. Sus llamadas nunca fueron objeto de indagación.

No todo había quedado ahí, el tema adquirió una nuevo matiz este año. La Fiscalía pidió anular esa resolución señalando un error más grave: se habían consignado números telefónicos de jueces de la Corte Suprema.

La resolución se anuló y todo estaba pasando desapercibido, cuando aparece el teniente Rodríguez con su denuncia ante la JNJ. Sale a flote el escándalo y la Sala Plena pide que se investigue el caso.

A la fecha, el asunto se ha complicado más. El audio que supuestamente grabó el referido oficial PNP de su conversación con el juez Núñez, según fuentes judiciales, podría afectar el debido proceso y desarrollo de todas las investigaciones.

De acuerdo con el audio que ha trascendido a la prensa y circula en redes sociales, Núñez llama al policía para solicitarle que explique su denuncia. Aunque el juez estaba en su derecho, no debió hacerlo. Se expuso a ser grabado. Además, por su cargo se podría considerar que hace una presión indebida a un denunciante.

Asimismo, el juez revela y aparentemente muestra al policía la resolución de levantamiento del secreto de las comunicaciones, que tiene carácter de reservada. En el mismo acto, Núñez comunica que ese documento no se debe exhibir, pero que lo hace para aclarar que quien firmó es el juez supremo provisional Jorge Castañeda Espinoza.

Para empeorar el panorama, admite que si los investigados, fiscales, jueces y abogados, a los que califica de "delincuentes" y "corruptos", se enteran del enredo, el caso se puede caer.

Quizá Núñez tenga las de ganar en su calificativo, pero al ser un juez debe guardar sus opiniones para garantizar que sus decisiones gocen de imparcialidad y garanticen los derechos de presunción de inocencia, defensa en un proceso judicial. Eso es lo que preocupa a la Sala Plena y la presidencia del Poder Judicial.

El respecto al debido proceso y garantizar un proceso imparcial no es poca cosa. El 25 de noviembre último, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió al exjefe del INPE Julio Magan y otros cuatro exfuncionarios por la "liberación express" del narcotráficante Gerson Galvez Calle “Caracol” al considerar que durante el juicio se afectó el debido proceso y el derecho de defensa.

De acuerdo con la Sala Suprema, en ese juicio, el juez de investigación preparatoria del Callao se parcializó con la fiscalía a la que permitió cambiar el tipo de delito y presentar nuevos medios probatorios, mientras que negaba esa posibilidad a los abogados defensores.

"La continuidad del juicio no puede hacerse a costa de infringir garantías procesales y constitucionales y la celeridad procesal no justifica atropellar la norma procesal", precisó el tribunal supremo en la mencionada sentencia casatoria (que busca anular un sentencia judicial).

En una investigación compleja es posible que los operadores (del sistema fiscal y judicial) cometan este tipo de errores, pero estos se corrigen evitando generar un daño irreparable y asegurando el derecho de defensa. Eso es lo que entendemos hizo el fiscal supremo Jesús Fernández y convalidó el juez Núñez Julca al anular las resoluciones de levantamiento del secreto de las comunicaciones, los eventos posteriores se salen de ese contexto, señalan en la Corte Suprema.

La difusión del primer audio entre Núñez y Rodríguez ha generado evidente preocupación en la Sala Plena de la Corte Suprema y la presidencia del Poder Judicial, por sus implicancias.

Por un lado, la investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, por otro, la lluvia de recusaciones que va a recibir el juez al haber llamado "delincuentes" y "corruptos" a los involucrados en el caso. La permanencia de Núñez está en evaluación. Podría ser cambiado aprovechando las rotaciones del nuevo año judicial 2022, precisaron fuentes cercanas a La República.