Presentan moción para investigar chats del ministro Cevallos por presunto tráfico de influencias

Dichos diálogos generaron acusaciones contra el titular del Minsa por presunto tráfico de influencias. El congresista Juan Burgos (Avanza País) presentó una moción para investigar las conversaciones, realizadas a través del aplicativo WhatsApp, entre el ministro de Salud Hernando Cevallos y una mujer.

Estos chats fueron difundidos hace unos días por el programa ‘Beto a Saber’. Según un informe del diario Correo, dichos diálogos generaron acusaciones contra el titular del Minsa por presunto tráfico de influencias.

“Que, en uno de los chats difundidos, de fecha 5 de noviembre, Lizbeth Huamán le asegura a su amiga Yura Toledo Morote que le pidió al titular del MINSA - a quien llama “amor”- que la entreviste para asumir algún cargo en el sector salud.

También precisaron, que el puesto en mención era como jefa del SIS, por ejemplo, porque es un ‘buen cuadro técnico, limpia y no tiene rabo de paja’”, se detalla en la moción.

Asimismo, es importante precisar que según el artículo 393 del Código Penal, el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación”

“Tratándose de un asunto de interés público y teniendo en cuenta las circunstancias antes mencionadas implicarían indicios de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio u otros conexos”, dice la moción, según los documentos presentado por Correo.

Además, puntualizan, que se acreditarían una presunta contravención a la idoneidad moral y neutralidad exigidas por el Código de ética de la función pública es necesario promover un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y formular conclusiones, recomendaciones y/o sancionar a los responsables.

De acuerdo a la moción, la indagación debe realizar por el plazo de 30 días a partir de su instalación a fin de eventualmente “sancionar a los responsables la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo propio u otros conexos”.