Inquilina acumula millonaria deuda y pide US$15.000 para dejar el inmueble
Propietaria denuncia que inquilinos no desalojan vivienda en La Molina pese a orden judicial y exigen US$15.000 para retirarse, alegando presuntas mejoras.
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Un prolongado conflicto legal mantiene en vilo a la dueña de una vivienda ubicada en La Molina, quien denunció que su inmueble continúa ocupado a pesar de existir una orden judicial de restitución. Según su versión, la persona que habita la casa se niega a retirarse y exige el pago de US$15.000 como condición para abandonar el predio, argumentando supuestas mejoras realizadas sin autorización.
El caso, que se inició hace varios años, ha escalado con denuncias vecinales, intervenciones municipales y procesos judiciales aún sin ejecución efectiva.
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Propietaria denuncia amenazas de parte de la inquilina
La propietaria, que actualmente reside en Arequipa, explicó que alquiló la vivienda en 2012 a una familia proveniente del norte del país. Con el tiempo, el pago del alquiler se interrumpió, generando —según su testimonio— una deuda que asciende a S/150.000.
En declaraciones a ATV, detalló el principal punto de quiebre del conflicto: “Estos inquilinos aducen que tengo que pagarles 15.000 dólares para salir de la propiedad porque dicen que han hecho mejoras”.
Entre las modificaciones no autorizadas, mencionó la construcción de un cuarto adicional, cambios en el área de servicio, uso de calaminas y la ampliación de un muro. Sobre este último, advirtió que el primer nivel se encuentra deteriorado y podría representar un riesgo para los vecinos.
Animales, denuncias vecinales y posibles infracciones
La situación se complicó cuando vecinos del sector alertaron a la municipalidad por malos olores que provenían del inmueble. Al acudir al lugar, la propietaria constató la presencia de al menos 11 animales, entre perros y gatos, lo que —según indicó— podría estar vinculado a una presunta venta ilegal.
De acuerdo con la normativa municipal de La Molina, en zonas urbanas se permite un máximo de dos perros por predio de hasta 600 m² y hasta cuatro en terrenos más grandes, salvo autorización especial. Ante ello, la dueña exigió una acción directa de las autoridades:
“El municipio debe clausurar la casa; se han vulnerado las normas y los derechos de los vecinos”.
Fallo judicial que aún no se ejecuta
El caso llegó al Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla, que ordenó que la demandada y quienes convivan con ella desocupen y restituyan la vivienda. Sin embargo, la resolución aún no se ha cumplido.
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La propietaria denunció que desde septiembre del año pasado no mantiene comunicación con los ocupantes y que incluso se le ha impedido el ingreso a su propio inmueble. Mientras tanto, la audiencia de apelación solicitada por la parte demandada fue programada para el 5 de marzo.
En paralelo, la dueña pidió la intervención urgente de fiscalización municipal y otras autoridades competentes para hacer efectiva la orden judicial y recuperar su propiedad.
