El controvertido documento en Excel exhibe los nombres de hombres supuestamente involucrados en actos de infidelidad. Esta tendencia no se ha limitado al Perú: Chile, Colombia y otros países también han publicado sus propias listas, generando un intenso debate en redes sociales.
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En los últimos días, un archivo que se viralizó en TikTok —conocido como “La lista negra de las girls” o “Lista de infieles en el Perú”— comenzó a circular entre miles de usuarios. El documento, que incluía datos personales, encendió un fuerte debate sobre privacidad y exposición en redes, generando opiniones divididas y cuestionamientos sobre los límites de compartir información sensible en plataformas digitales.
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Al principio de noviembre, usuarios de Chile reportaron en TikTok que en Internet se había viralizado una ‘lista de infieles’, un archivo de Excel que, hasta ese momento, dejaba que cualquier persona añada información de una persona.
Si bien la lista estuvo en línea varios días y tenía más de mil nombres, ante el peligro de un problema legal, fue sacada por completo del Internet y ya no es posible ingresar a agregar nuevos nombres.
Mientras esto sucedió en Chile, en Perú llegó la noticia y, en cuestión de poco tiempo, la versión peruana de ‘lista de infieles’ apareció.
Sin embargo, la iniciativa no quedó allí. En Colombia también se sumaron a la movida: varias usuarias recopilaron datos y los clasificaron por regiones, buscando darle un orden mucho más claro y práctico a toda la información.
La difusión de datos personales sin consentimiento vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la protección de la identidad. Publicar o compartir información privada —como nombres, fotografías, direcciones o acusaciones— en redes sociales puede constituir un delito, especialmente si se expone a personas a hostigamientos o riesgos físicos.
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El abogado Gabriel Galán Paiva, especialista en derecho penal, explicó a Diario El Popular que este tipo de publicaciones puede infringir los artículos 154, 154-A y 154-B del Código Penal peruano, donde “las penas pueden llegar hasta los cinco años de privación de la libertad, además de promover conductas de ciberacoso, violencia simbólica y difamación”.
Asimismo, Galán advierte que, en un contexto de alta criminalidad y crimen organizado, este tipo de información expuesta públicamente “podría ser útil para propiciar o facilitar la comisión de delitos de extorsión”, incrementando los riesgos para las personas involucradas.
El uso responsable de internet y el respeto a la dignidad humana deben ser prioridad en cualquier entorno digital.