¿Sabías que tus deudas pueden prescribir en el Perú? Conoce cuánto tiempo debe pasar, qué implica el proceso y cómo afecta tu historial en Infocorp.
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Pocas personas lo saben, pero en el Perú las deudas bancarias no duran para siempre. El Código Civil establece que, tras un determinado tiempo, los acreedores pierden el derecho de exigir judicialmente el pago, lo que abre una puerta legal para quienes no pueden afrontar sus obligaciones financieras.
Este proceso se conoce como prescripción de deuda, una figura jurídica que permite al deudor quedar libre de demandas o embargos si cumple ciertos requisitos legales.
“Las deudas bancarias prescriben a los 10 años desde el incumplimiento del pago”, establece la norma.
Después de ese plazo, el acreedor ya no puede iniciar acciones legales, pero la deuda no desaparece automáticamente. Es necesario presentar una solicitud ante un juez para que la obligación sea reconocida como prescrita y deje de tener validez legal.
Aunque la prescripción puede representar un alivio judicial, no siempre significa que el nombre del deudor quede limpio ante el sistema financiero.
Según Javier Mori, gerente legal de Equifax, las entidades como Infocorp mantienen el registro de deudas impagas hasta por cinco años, incluso después de que se declare la prescripción.
“La prescripción no borra el rastro de la deuda en los sistemas financieros, y por lo tanto puede seguir afectando la calificación crediticia del deudor”, explicó Mori.
Esto significa que, si bien la persona deja de estar obligada legalmente a pagar, su reputación crediticia sigue dañada, dificultando el acceso a nuevos préstamos o tarjetas de crédito.
De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los peruanos destinan en promedio 29,4% de sus ingresos al pago de deudas. La inflación, la pérdida de poder adquisitivo y los créditos para gastos básicos han impulsado este fenómeno.
Ante este panorama, la prescripción aparece como una salida legal, aunque los especialistas advierten que no debe considerarse una solución rápida. Requiere de un proceso judicial, tiempo y asesoría legal. Además, no elimina los efectos negativos en el historial crediticio.
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Mientras tanto, los bancos tienen herramientas para recuperar deudas antes de que prescriban. Una de las más frecuentes es el embargo salarial, que permite retener una parte del sueldo del trabajador.
Por ley, solo se puede aplicar si la remuneración supera los S/ 2.575 mensuales (cinco Unidades de Referencia Procesal – URP). Aunque esta medida busca equilibrar derechos entre acreedor y deudor, impacta directamente en la economía familiar.
En resumen, la prescripción de deuda es una vía legal válida pero compleja. Puede liberar de demandas, pero no del impacto financiero ni del estigma crediticio. Para muchos peruanos, el verdadero reto no es solo pagar, sino recuperar su estabilidad económica y la confianza del sistema bancario.