Este domingo, se conoció que el presidente de la República, Pedro Castillo, fue denunciado penalmente tras ser acusado como el autor mediato de la muerte de Jhony Quinto Contreras, quien falleció durante el desbloqueo del kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en Ica.
El abogado Gregorio Parco acusó de “homicidio calificado y asesinato con arma de guerra en agravio del señor Quinto Contreras” al comandante general la Policía Nacional del Perú, Vicente Tiburcio, al director de la región policial Ica y al jefe de Estado, por lo que requirió a la Justicia la detención preliminar en contra de los denunciados.
En un video difundido por Canal N, el letrado sostiene que todos los decesos que se dieron en el marco del paro de transportistas “son homicidios calificados”.
“En este caso, Pedro Castillo es autor mediato. Es como haber cometido el crimen de La Cantuta y Barrios Altos. Igualito como (Alberto) Fujimori, que está preso por ser autor mediato”, dijo.
La víctima de 25 años de edad fue la primera víctima mortal en el tercer día de la protesta de los transportistas en la región Ica. El hecho ocurrió en abril de este año cuando durante los enfrentamientos, la bala de un efectivo policial terminó impactando en la cabeza a Quinto Contreras ocasionándole la muerte de forma casi instantánea.
Se conoció que, el joven natural de Huancavelica que se ganaba la vida trabajando en una empresa agrícola, deja en la orfandad a dos menores de edad entre cinco y un año de edad.
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La paralización de los transportistas se dio ante el incremento de precios de los combustibles.
Gregorio Parco es el abogado del expresidente Alberto Fujimori, quien paga una condena de 25 años de prisión en el penal Barbadillo por ser el autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. El letrado fue el encargado de presentar un hábeas corpus solicitando la inmediata liberación del exmandatario en abril de este año.
No es la primera vez que un presidente de Perú es acusado por un hecho similar. En el 2020, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, formuló una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino, por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, quienes murieron durante las manifestaciones políticas contra su asunción a la presidencia dela República.
Dicha denuncia también alcanzó a los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez. Los altos funcionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones, y por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial.