Advierten que Aníbal Torres habría incurrido en delito

Imponiendo nuevas reglas. La denuncia que hizo la periodista Ximena Pinto, referente a que el premier Aníbal Torres la despidió del cargo que ocupaba en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por negarse a cortar la publicidad al diario El Comercio, puede tener implicancias legales a nivel constitucional y penal; sí lo sostuvo el abogado penalista y especialista en libertades informativas Roberto Pereira.

De acuerdo con el especialista, lo dicho por Pinto está calificado como violación de la libertad de expresión indirecta; en otras palabras, la asignación discrecional de publicidad estatal para castigar o premiar a un medio por su línea editorial. “Es una conducta violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13.3, y de la Constitución peruana, en su artículo 2.4. Esto puede generar al Perú responsabilidad internacional”, explicó el abogado.

Desde lo penal, el profesional en leyes detalló que podrían darse dos figuras. Una es la malversación, que implica disponer o asignar recursos del Estado a objetivos diferentes a las previamente destinadas. “Acá aparentemente no se habría ejecutado, pero el código penal sanciona la tentativa”, acotó.

La otra opción de imputación delictiva es la colusión, si se logra acreditar que entre el Gobierno y otros medios hay un acuerdo para favorecerlos con fondos públicos a cambio de una cobertura a favor de las cosas "buenas" que hace el gobierno de turno.

En un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana pidió que el premier detalle lo señalado el miércoles por Pinto. Por la noche, Aníbal Torres insistió en que la mayor publicidad se tiene que hacer en los medios del Estado y además había que considerar a medios de las regiones y locales. “No debe haber monopolio… Yo no actúo al margen de la ley”, expresó.

Después, también aseguró que la discusión fue precisamente porque la periodista le argumentó que no estaba bien sacar del plan de medios de la campaña escolar a El Comercio y a Canal 4 por razones nada técnicas, como "atacar" al Gobierno.

Según el CPP, “el direccionamiento” denunciado por Pinto “representa un delito y un atentado contra el derecho de los ciudadanos a informarse de las actividades de su Estado”.

Respecto a ese último punto, Pereira tuvo una lectura similar. Precisó que se estaría afectando el derecho al acceso a la información de la población.

Pinto, de amplia trayectoria en el Estado, trabajaba en el Ministerio de Justicia con Aníbal Torres. Cuando este fue nombrado premier, se hizo cargo de la Secretaría de Comunicación Social, que maneja un presupuesto de 18 millones de soles para publicidad. Ella asegura que defendió la necesidad técnica de no excluir a El Comercio. Incluso pidió a los asesores del presidente Pedro Castillo que intercedieran con él para buscar una solución. Igual Torres la sacó del cargo.

En su perfil de Twitter, la periodista escribió lo siguiente: “Tengo 20 años trabajando en el Estado. No soy una improvisada. Aquí no se trata de cambiar las cosas y decir que uno quiere favorecer a un medio o a otro. Se trata de hacer lo que es técnicamente correcto. Nada justifica aceptar aquello que pueda traerte consecuencias legales o procesos administrativos. Me voy de la PCM muy decepcionada, pero con mi honradez intacta”.

También le respondió a Vladimir Cerrón, quien afirmó en redes que Pinto era una “infiltrada” para “direccionar las licitaciones” en favor de ciertas empresas. ”A usted le encajaría bien el dicho ′el ladrón cree que todos son de su misma condición′”, escribió la denunciante en réplica a lo dicho por el fundador de Perú Libre.

Por último, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Alejandro Soto, citó a Pinto y Torres para el miércoles dos de marzo al hemiciclo.