Faltaron votos: Reforma constitucional exprés no progresó contra el balance de poderes

La congresista Patricia Juárez trató de dar celeridad al dictamen para eliminar el voto de confianza obligatorio, pero lo que tal vez nunca imaginó, es no contar con el respaldo de los 87 votos necesarios para aprobar esta reforma en la legislatura que ya culmina en el segundo mes del año. Por tal motivo, su propuesta está paralizada.

El proyecto de la parlamentaria fujimorista solo se quedó en ideas y planteamientos, la reforma constitucional exprés para debilitar aún más el principio de balance de poderes, no presentó ningún avance. El bloque de la oposición no logró encaminarse en febrero con la primera votación para aprobar la modificación del artículo 130 de la Constitución.

Este grupo de oponentes está conformado por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular y Podemos Perú. Por su lado, La presidenta del Congreso, María Alva (Acción Popular), anunció ayer que ya no habrá más sesiones del Pleno en febrero.

Con las declaraciones de Alva, se cierra la presente legislatura, para efectos de aprobación de eventuales reformas, sin embargo, las comisiones sí seguirán sesionando. Es así, que esta decisión frustra la reforma constitucional exprés que impulsaban Patricia Juárez (Fuerza Popular) y el bloque de aliados de la oposición.

El objetivo era claro, eliminar el voto de confianza obligatorio, como parte del trabajo que vienen realizando para debilitar el balance de poderes.

Hace una semana, exactamente el 11 de febrero, la parlamentaria Juárez había avanzado en la Comisión de Constitución, que preside, con la aprobación del dictamen.

En dicha fecha, contó con 11 votos de los fujimoristas Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, Auristela Obando y la misma Juárez. Asimismo, Luis Aragón y Wilson Soto, de Acción Popular; Yessica Amuruz y Alejandro Cavero, de Avanza País; además de Gladys Echaíz (APP), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y José Elías (Podemos Perú).

A pesar que todo parecía estar encaminado y avanzando, este bloque de seis bancadas apenas suma 78 votos. Es decir, no alcanzan el mínimo de 87 votos que se requiere para una reforma constitucional. Por este motivo, la reforma quedó estancada.

Como se recuerda, Patricia Juárez presentó el proyecto de reforma número 612 el 3 de noviembre del 2021. Como presidenta de la Comisión de Constitución, ella misma se encargó de darle celeridad a su iniciativa, hasta llegar al dictamen del 11 de febrero.

La fujimorista priorizó su proyecto, a pesar de que un mes antes, el 19 de octubre del 2021, el Ejecutivo había enviado al Parlamento el proyecto de reforma más integral número 474, sobre el balance de poderes.

Es decir, el Ejecutivo también está de acuerdo con eliminar la cuestión de confianza obligatoria del artículo 130, pero en el marco de una serie de reformas de cinco artículos (ver detalle en el primer cuadro).

Según detalla un informe de La República, la propuesta de la congresista fujimorista específica es modificar el artículo 130 de la Carta Magna para eliminar el voto de confianza obligatorio cuando asume un nuevo gabinete de ministros.

Por todo el contenido, se entiende que, con esta reforma, un nuevo gabinete solo iría al Congreso a presentar el programa del gobierno y al final ya no sería obligatorio el voto de confianza, tal como ocurre hasta ahora.

Pero en términos políticos, esta reforma le quita al Poder Ejecutivo una herramienta clave de contrapeso. Actualmente, si el Congreso niega la confianza, ya se genera una primera crisis del gabinete.

Patricia Juárez solo dijo que el dictamen de la propuesta del Ejecutivo iba a estar listo muy pronto, pero sí se esforzó en sacar antes el dictamen de su proyecto aislado. La consecuencia directa, si avanza solo la reforma de Juárez, es que el Congreso estaría bloqueando al Ejecutivo.

En conclusión, ya no tendría la opción de usar la denegatoria de la confianza a un gabinete como un primer paso hacia el cierre del Congreso, y una forma de contrapeso. Sin embargo, si el Ejecutivo y el Congreso llegan a un acuerdo político de ir por una reforma integral, habría un mejor balance.