Guerra de denuncias y mociones: Congreso en crisis ante una gran lista de demandas

El Congreso de la República enfrenta una serie de denuncias y mociones que no permiten avanzar ni dedicarle el tiempo necesario a la larga lista de problemas que atraviesa el Perú. Uno de los temas más resaltantes va en contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria.

Este es el resultado de las reiteradas arremetidas desde la oposición con el objetivo de sacar del cargo al actual jefe de Estado, el bloque oficialista decidió dar respuesta con una serie de acciones que buscan debilitar principalmente a la Mesa Directiva del Parlamento.

Sin embargo, la más notoria iniciativa provino de la ministra de Trabajo Betssy Chávez, quien presentó una denuncia constitucional en contra de la titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

Pero eso no es todo, actualmente existe una gran lista de infracciones contra seis artículos de la Constitución, por ejemplo, Betssy Chávez le atribuye a la acciopopulista Alva la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y conspiración.

Toda esta problemática congresal inició desde que el semanario Hildebrandt en sus trece alertara sobre la reunión que sostuvieron, el 9 de febrero, Alva junto con otros parlamentarios únicamente del bloque opositor, en un hotel de Miraflores, donde analizaron algunos mecanismos para concretar la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Muchos han opinado sobre el tema, por su lado, el legislador Carlos Anderson (Podemos Perú) confirmó el lunes que en dicha reunión se habló de la vacancia, aunque deslizó que el motivo del encuentro fue una actividad organizada por la Fundación Friedrich Naumann.

Mientras tanto, la también congresista Betssy Chávez incluye en su denuncia una secuencia de acciones impulsadas desde el Congreso solo para sacar del cargo a Castillo. Según precisó, estas “tienen todo el dolo que exige el tipo penal”. La parlamentaria de Perú Democrático reconoció que esta denuncia supone un camino largo para su trámite en un Congreso de mayoría opositora.

Según una amplia investigación de La República, algo distinto sucede con la nueva denuncia presentada contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria debido a las declaraciones que diera el mandatario sobre el acceso al mar por parte de Bolivia. El caso avanza viento en popa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Esta demanda en contra del mandatario fue formulada por personas afines al fujimorismo como Fernán Altuve, Lourdes Flores Nano y Hugo Guerra. El documento ingresó recién el 10 de febrero. Pero en la sesión de la SAC del viernes 11, Alejandro Cavero (Avanza País) pidió darle celeridad.

Pero ellos no estaban solos, en total fueron nueve los legisladores que votaron a favor de apurar la denuncia contra Castillo. Los fujimoristas Hernando Guerra, Martha Moyano y Ernesto Bustamante; los miembros de Acción Popular Wilson Soto y Jorge Flores; Cavero (Avanza País), Alejandro Muñante (RP) y las legisladoras de APP María Acuña y Rosío Torres, esta última presidenta de la SAC.

Además de lo expuesto por Betssy Chávez, solamente en esta semana, Perú Libre ha tramitado dos mociones contra el bloque opositor del Congreso. Lo más reciente corresponde a la legisladora Silvana Robles, quien presentó ayer por la tarde la moción 2015, pidiendo la censura de toda la Mesa Directiva del Parlamento.

La República detalla que, según la denuncia de la parlamentaria, la Mesa Directiva incumple con el artículo 32 del Reglamento, que establece que esta instancia debe facilitar los consensos y el funcionamiento deliberante del Congreso.

Pero también añade que, la Mesa Directiva, conformada por María del Carmen Alva (AP), Lady Camones (APP), Enrique Wong (PP) y Patricia Chirinos (Avanza País), solo ha abonado en favor de la imagen de un Congreso golpista.

Además de todo lo señalado líneas arriba, desde la oposición, hay una moción (1982) de Norma Yarrow (Avanza País) para expresar el rechazo del Congreso a la permanencia en el cargo del ministro de Salud, Hernán Condori, debido a los serios cuestionamientos que pesan en su contra.

Y como si fuera poco, desde la tienda de Acción Popular, el portavoz Elvis Vergara presentó una moción (1981) para citar al ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, a fin de que responda por los cambios suscitados en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Procuraduría Anticorrupción. Ambos cambios se produjeron cuando Aníbal Torres estaba aún al frente del Ministerio de Justicia.

Si bien el Parlamento tiene medidas de control político, estamos entrando nuevamente a un escenario donde se intenta aplicar la herramienta más extrema, como es la denuncia constitucional, para sacar al presidente.