Héctor Ventura es elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización

Héctor Ventura, legislador de Fuerza Popular, fue elegido este martes 21 de diciembre como presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, durante la sesión extraordinaria, en reemplazo del congresista Alejandeo Aguinaga, su correligionario. El exministro de Salud renunció al cargo el último miércoles 15 de diciembre.

De esta forma, la bancada naranja propuso a Ventura como su sucesor. Esto fue admitido con 10 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, por lo cual será el nuevo titular del equipo parlamentario de trabajo para completar el período anual de sesiones 2021-2022.

Al mismo tiempo, los congresistas Enrique Wong (Podemos Perú) y Edgard Reymundo (Juntos por el Perú) siguen ocupando los cargos de la vicepresidencia y secretaría, respectivamente.

Como se comunicó, el motivo por el cual Alejandro Aguinaga decidió dar un paso al costado del cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización fue debido a que los parlamentarios del Partido Morado enviaron un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en el que destacan que al estar involucrado en el caso de las esterilizaciones forzadas, no puede participar como integrante de tal grupo de trabajo legislativo.

"Por tanto, al haberse abierto a nivel jurisdiccional un proceso penal contra el congresista Aguinaga, corresponde de acuerdo a este mandato legal expreso que deje de ser presidente de la Comisión de Fiscalización, como también que se aparte de la misma como miembro titular. Confiamos en que a la brevedad posible usted hará que el reglamento del Congreso se cumpla", indica el oficio que firman Susel Paredes, Edward Málaga y Flor Pablo.

El último sábado 11 de diciembre, el juez Rafael Martínez Vargas decidió empezar con un proceso judicial al expresidente Alberto Fujimori y los exministros de Salud: Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Jong Motta como autores mediatos de las esterilizaciones forzadas en agravió de 1.300 mujeres pobres y quechuahablantes del Perú.

Después de 20 años, esto acto, que vulneró los derechos de cientos de ciudadanas nacionales, entre los años 1995 y 2000, no ha habido justicia para las víctimas.