Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país para Bruno Pacheco y Karelim López
Únete al canal de Whatsapp de WapaNo podrán estar fuera de Perú. El Ministerio Público solicitó que se ordene el impedimento de salida del país de Karelim López Arredondo como parte de la investigación preliminar que se le inició por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio por un presunto favorecimiento en una obra convocada por Provías Descentralizado.
La fiscal anticorrupción Karla Mercedes Zecenaro Monge pidió casi lo mismo para el exsecretario General del Despacho Presidencial Bruno Pacheco quien se encuentra comprendido dentro de esta investigación preliminar junto a los funcionarios de Provías y particulares que resulten responsables en este caso.
Este pedido fiscal fue remitido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima que programó para hoy martes 7 de diciembre a las 3:00 p.m. una audiencia virtual donde analizará este requerimiento con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión al respecto.
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Zecenaro Monge inició de oficio esta investigación preliminar por un plazo de 120 días a raíz de una denuncia periodística donde se dio a conocer que, tras una visita de la asesora de una empresa constructora a Palacio de Gobierno, habría ganado una millonaria obra en la región San Martin.
Los hechos materia de investigación están relacionados con las presuntas irregularidades detectadas en la Licitación n.º 01-2021-MTC/12 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, por un monto ascendente a S/. 232,587,014.30 millones de soles.
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“La investigación preliminar tiene como finalidad determinar la existencia o no de causa probable de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados Karelim López y Bruno Pacheco, así como contra los que resulten responsables”, informó el Ministerio Público.
Esta es la segunda solicitud de impedimento de salida del país contra Pacheco. La primera es por un plazo de 8 meses respecto al caso de presuntas presiones ante la Sunat para favorecer a empresas privadas.