Transparencia pide consenso entre Ejecutivo y Congreso para evitar el deterioro de la democracia

Tal parece que Pedro Castillo y el Legislativo no tienen buena comunicación ni relación en pro de trabajar juntos por el país. En ese sentido, la Asociación Civil Transparencia sugirió un "acuerdo político" entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República para evitar "un desenlace que ponga en riesgo" la democracia peruana.

En un comunicado mediante Twitter y titulado "El tiempo se agota", la organización indicó que el deterioro de la política se expresa en los bajos niveles de aprobación del Gobierno y el Parlamento.

"Para evitar un desenlace que ponga en riesgo nuestra democracia urge un acuerdo político que ofrezca una respuesta a las prioridades ciudadanas, tanto en legislación como en políticas públicas, y que defienda nuestra institucionalidad democrática", reiteró la asociación.

De acuerdo con Transparencia, este acuerdo debe ser ejecutado por un grupo de "personas honestas" y con las habilidades necesarias para materializar lo ofrecido.

"Los titulares del Ejecutivo y del Legislativo deberían liderar dicho esfuerzo, con el apoyo de peruanas y peruanos que entiendan la política como un servicio a la nación. El tiempo se agota", finalizó el comunicado.

Es importante precisar que, el pasado 25 de noviembre, el Congreso de la República dio cuenta de la moción de vacancia presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) contra el mandatario Pedro Castillo por incapacidad moral permanente.

El documento se debatirá en medio de los cuestionamientos a Castillo Terrones por las reuniones en privado que sostuvo en la casa del distrito de Breña, la misma que usó en su campaña electoral, donde acudían ministros, congresistas y empresarios.

De estos últimos, una de las implicadas es Karelim López, asesora del Consorcio Puente Tarata III, compañía que ganó una licitación en la región San Martín. La señorita en mención también visitó Palacio de Gobierno.

Por ello, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, empezó de oficio una investigación contra López Arredondo y Bruno Pacheco por el presunto del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.