Demandas y conflictos sociales complican al gobierno de Pedro Castillo

Antamina sigue paralizada y la comunidad de Aquia pide presencia del presidente Pedro Castillo para solucionar los problemas. Como si fuera poco, la Defensoría alerta de que en el norte y la selva del Perú también hay protestas.

A tres días de que el Congreso resuelva el voto de confianza para la primera ministra Mirtha Vásquez, el Ejecutivo aún debe lidiar con siete conflictos sociales en diversas regiones del país que, durante los últimos días, han tenido una escalada de violencia.

Hace dos días, el Gobierno había conseguido que en Ayacucho los habitantes de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara levanten su paro contra el campamento minero Apumayu, que había sido incendiado el 30 de octubre.

Sin embargo, la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias enviaron un comunicado a todos los medios de comunicación rechazando la violencia en los paros. Por su lado la CGTP pide reflexionar sobre la causa de esta turbulencia.

Como se recuerda, ya hace varios días, en Áncash, la compañía minera Antamina suspendió sus actividades debido a que los ciudadanos de la Comunidad de Aquia bloquearon el corredor minero.

Este paro se realiza desde el 24 de octubre, donde la población denuncia que esta empresa usa de manera ilícita su territorio y que ha ocasionado contaminación ambiental.

Sobre el tema, la primera ministra Mirtha Vásquez, al respecto, respondió en Canal N que los manifestantes han reclamado durante bastante tiempo que se inicien mesas de diálogo y que no se siga calificando a la gente como violentista o manipulada.

En un intento por calmar las aguas, ayer por la mañana se reunieron el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, y el CEO de Antamina, Víctor Gobitz. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguna de las partes involucradas respondió si hubo acuerdo.

Lamentablemente, en este diálogo no participó una de las figuras importantes para el acuerdo, el presidente de la comunidad de Aquia, Adán Damián Gamarra. El dirigente, en conversación con La República, demandó que sea el presidente Pedro Castillo y la jefa de gabinete, Mirtha Vásquez, quienes vayan a Aquia a instalar una mesa de trabajo y resolver el problema para llegar a acuerdos que cuenten con la venia de los pobladores.

“Queremos una comisión de alto nivel en nuestra tierra, que esté el presidente de Antamina, que dé la cara; que venga nuestra primera ministra, que vengan nuestro presidente de la República y nuestros ministros”, solicitó.

Del mismo modo, en el norte del Perú, exactamente en Piura, en el distrito de La Huaca, Paita, el domingo por la noche, un incendio consumió el fundo de Caña Brava, empresa del Grupo Romero. Los pobladores denuncian que esta compañía provocó ello, pues, aseguran, no es la primera vez que lo hacen. Caña Brava rechazó esta versión.

Los ciudadanos de este distrito respondieron a la empresa incendiando tres vehículos de Caña Brava. Por su lado, la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Heidy Juárez contó por ejemplo que este problema comenzó en 2009 y denunció que la quema de plantaciones contamina el ambiente.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo está investigando los hechos. Los manifestantes demandan que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales tome cartas en el asunto.

En Loreto también hay una serie de conflictos por solucionar. Por ejemplo, ayer se cumplieron 27 días desde que las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Manseriche permanecen tomadas por 150 ciudadanos en el marco del denominado paro amazónico.

En esta línea, Petroperú, mediante un comunicado, advirtió que los manifestantes están poniendo en riesgo su vida debido a que las instalaciones de esta estación son altamente inflamables.

La empresa alertó, además, de que recibió amenazas de incendio de parte de los líderes de esta toma ilegal. El problema es que, si los dirigentes cumplen con su promesa, al tratarse de una estación con 70.000 barriles de crudo, puede ocasionar una catástrofe.