Rosángella Barbarán defiende a Alberto Fujimori aduciendo que no existen pruebas de sus delitos

Es falsa su versión. En diálogo con RPP, la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), fue consultada sobre los errores y delitos cometidos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. En esa línea, Barbarán indicó que el exmandatario cometió errores, pero no delitos y adujo que "las pruebas no lo inculpan".

“Las pruebas [por los casos que fue sentenciado Alberto Fujimori], hasta el día de hoy, no lo inculpan a él”., refirió la parlamentaria de Fuerza Popular.

Después de revisar a detalle las sentencias contra Alberto Fujimori, Ama Llulla concluye que lo dicho por Barbarán es totalmente falso.

Contrario a lo mencionado por Barbarán, el propio expresidente y líder histórico de su partido ha reconocido haber participado en los hechos que se le imputaron en tres de las sentencias que lo encontraron culpable. Estas tres decisiones judiciales y los extremos reconocidos por Alberto Fujimori son detallados en el presente informe.

En la sentencia dictada por la Corte Suprema en diciembre del 2007, Alberto Fujimori aceptó haber dirigido y coordinado un allanamiento ilegal a los inmuebles de Vladimiro Montesinos en septiembre del 2000, precisamente después de que se difundiera el primer ‘vladivideo’ Kouri-Montesinos.

De acuerdo con la acusación fiscal, Fujimori intentaba borrar evidencia que comprometiera a su gobierno con actos delictivos. Para lograr su accionar, el padre de Keiko interceptó la orden judicial emitida por un juez penal que ordenaba el allanamiento y la captura de Vladimiro Montesinos Torres, evitando así que el Ministerio Público tomara conocimiento de ello.

Después, ordenó a militares e integrantes de la Policía Nacional del Perú- cercanos a él- que extrajeran videos o bienes susceptibles de ser incautados de los inmuebles de Montesinos.

Fujimori, además, reconoció que ordenó directamente al comandante Manuel Ulises Ubillús Tolentino —quien además era abogado y Director General de Asesoría Legal de la Casa Militar— que participara del allanamiento y se hiciera pasar por fiscal para ejecutar la intervención. Así lo hizo Ubillús Tolentino quien participó del operativo ilegal vestido de civil y portando su medalla de abogado, buscando emular a un fiscal, según detalla la sentencia.

Las declaraciones de Alberto Fujimori coincidieron con las de otros cinco imputados que participaron en el ilícito, entre los que se encontraban tres edecanes del Palacio de Gobierno.

Dicha intervención se extrajo un número indefinido de maletas y cajas pertenecientes a Montesinos que fueron recibidas por Fujimori Fujimori en la Base Naval del Callao. Tampoco quedó constancia de los bienes extraídos, que fueron entregados a las autoridades judiciales una semana después.

En la sentencia de julio del 2009, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Alberto Fujimori también aceptó haber autorizado el desvío de fondos del Ministerio de Defensa para que fueran entregados a su exasesor, Vladimiro Montesinos.

Mediante el Decreto de Urgencia N. 081-2000 se habilitó al Ministerio de Defensa a usar hasta 69 millones de soles que correspondían a los recursos ordinarios del Estado, con el pretexto de ejecutar un plan de operaciones de seguridad llamado Soberanía, el cual no existió. Dicho decreto contaba con la firma y aprobación de Fujimori y los ministros de Economía y Defensa de ese entonces.

Luego, el 22 de septiembre del 2000, el general EP Luis Aníbal Muente Schwarz, jefe de la OGA del MINDEF dio el dinero público extraído, quince millones de dólares, a Vladimiro Montesinos en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Para este caso, Alberto Fujimori se acogió a la figura de la conclusión anticipada del juicio oral, al aceptar los hechos de la acusación, aunque cuestionó las consecuencias jurídicas de sus actos.

De acuerdo con la versión de Fujimori, él aceptó pagar con dinero público 15 millones de dólares a Montesinos para que este no diera un golpe de Estado. Agregó que, un mes después, el dinero extraído fue devuelto al erario público y no hubo daño al Estado peruano.

En la tercera sentencia contra Fujimori, de septiembre del 2009, este no solo reconoció su participación en los hechos que se le adjudicaban, sino que además aceptó la pena y la reparación civil impuesta.

Según la sentencia emitida también por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente reconoció haber coordinado y encargado a su asesor Vladimiro Montesinos la adquisición del canal Cable Canal de Noticias CCN-Canal 10 y de la línea editorial del medio de prensa escrita Expreso. Ello como parte de las actividades realizadas para mantenerse en el poder.

Alberto Fujimori, además, aceptó conocer que las transacciones se realizaron con dinero público desviado ilegalmente de los recursos de las Fuerzas Armadas.

La misma sentencia detalla que Fujimori también implementó, junto con Montesinos, el ‘Plan Emilio’, a través del cual se realizaron interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y políticos opuestos al gobierno. En estos actos también estuvieron involucrados comandantes generales de los institutos militares, ministros de Defensa e Interior, y el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional.

De acuerdo con la sentencia y la acusación fiscal, fue Fujimori “quien tomó la decisión de utilizar el aparato estatal para la comisión de tales hechos ilícitos y, además, fue quien determinó el modo de su ejecución”, pues se beneficiaba directamente con la información a la que accedía.

Finalmente, dentro de los hechos que Fujimori aceptó se encuentra también la planificación y dirección del “Plan Reclutamiento”, que consistía en entregar dinero ilícito a congresistas de otros partidos para que votaran en favor del gobierno o se integraran a la bancada oficialista.

El dinero usado para estos pagos provino del SIN y del Ministerio del Interior y Defensa.

Durante los procesos judicial Fujimori Fujimori pudo acogerse a la terminación anticipada luego de aceptó todos los cargos que se le imputaban.

Sobre la figura de terminación anticipada a la que se acogió Fujimori, el abogado penalista Carlos Rivera explicó que esta corresponde a la opción que tiene el acusado de indicar que está conforme con los cargos y pruebas presentados en su contra.

“Tanto la defensa como el imputado participan de la investigación judicial, en ese proceso se pide a la fiscalía que haga una sustentación del juicio oral, luego de eso, se procede al momento de conformidad. En este, el presidente de la sala consulta al acusado si está de acuerdo con la acusación. Los acusados pueden aceptar, o también rechazar los cargos, como hizo Fujimori para el caso de Barrios Altos y La Cantuta donde se declaró inocente”, señala Rivera.

Fujimori fue también condenado como autor mediato de las matanzas perpetradas en Barrios Altos y La Cantuta tras el desarrollo de un juicio que duró un año y medio.

En la entrevista analizada para este objetivo, la congresista Rosangella Barbarán indicó que la sentencia contra Fujimori por autoría mediata era lo único que lo relacionaba con delitos. Pero, como ya se explicó líneas arriba, Fujimori aceptó su responsabilidad en tres delitos.

También, la figura de la autoría mediata se refiere a la comisión de un crimen por mano ajena, y su aplicación en el derecho peruano no inició con la sentencia a Fujimori.

“La primera persona condenada bajo las mismas condiciones [que Fujimori], como autor mediato, porque controlaba un aparato de poder organizado, fue Abimael Guzmán. Se usaron los mismos instrumentos legales en la matanza de Lucanamarca, porque Guzmán dio la orden de matar a los campesinos, no mató él directamente. Lo mismo se aplicó al caso Fujimori”, precisa.

Para esta verificación, Ama Llulla intentó contactar a la parlamentaria Barbarán mediante su número personal para solicitar precisiones sobre su afirmación, recordándole que el expresidente Fujimori reconoció los hechos que se le imputaron en las tres sentencias detalladas. Sin embargo, según el citado medio, no se obtuvo respuesta.

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación de la congresista Rosangella Barbarán acerca de que no existen pruebas que señalan a Alberto Fujimori como responsable de los delitos por los que fue sentenciado es falsa.

Con información de Ojo Público y Ama Llulla.