La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú intervino y detuvo a José Samané Blas, quien se desempeñaba como gerente de Gestión Electoral de la ONPE, cargo del que fue separado tras su captura.
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La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú intervino y detuvo a José Samané Blas, quien se desempeñaba como gerente de Gestión Electoral de la ONPE, cargo del que fue separado tras su captura.
La Fiscalía investiga a funcionarios de la ONPE por el presunto delito de colusión, en relación con la contratación del servicio de transporte de material electoral. De acuerdo con las pesquisas, José Samané Blas habría sido el encargado de firmar los términos de referencia (TDR) que permitieron adjudicar el contrato a la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la distribución, la cual presentó importantes retrasos.
La intervención del ahora exfuncionario se realizó en las oficinas de la ONPE, luego de que presentara su renuncia ante el jefe del organismo, Piero Corvetto. En su carta, fechada el 12 de abril, Samané Blas asumió su responsabilidad por las fallas logísticas que afectaron el proceso electoral y lamentó "profundamente lo sucedido". Asimismo, adelantó que colaborará con las autoridades encargadas de las investigaciones.
En ese contexto, explicó: "Asumo esta decisión para no entorpecer ni generar suspicacias en la integridad, transparencia y ejecución de estos comicios; reconozco el compromiso y valioso trabajo que viene realizando la ONPE para el mejor desarrollo de estas elecciones, y agradezco la confianza depositada".
Cabe precisar que la empresa Galaga acumuló más de S/36 millones en contratos con el Estado, mientras que con la ONPE obtuvo una adjudicación de S/6.3 millones para este proceso electoral, pese a haber sido sancionada previamente por la entidad con más de S/64.000 entre 2020 y 2023.
Por su parte, la compañía se pronunció mediante un comunicado, en el que afirmó haber cumplido con todas las obligaciones establecidas en los TDR del servicio contratado. Indicó también que el transporte fue organizado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE.
En esa línea, sostuvo que las demoras en la fase final "no responden a incumplimientos contractuales, sino a factores ajenos" a su responsabilidad operativa. Finalmente, rechazó cualquier versión que "pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas, cuando estas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas".