El gremio evalúa un paro de transportistas de 48 horas, exigiendo al Gobierno medidas inmediatas ante la creciente inseguridad en el sector.
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El gremio de transportistas ha vuelto a encender la alerta nacional tras anunciar que evalúa una nueva paralización durante 48 horas ante la grave inseguridad que afecta al sector. La medida busca presionar al Gobierno para atender problemas que, aseguran, siguen sin resolverse. Aunque ya se discuten posibles días para llevarla a cabo, aún no se ha confirmado nada. Revisa aquí cuándo podría realizarse el paro y qué motivó esta decisión.
Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas, adelantó que el sector analiza llevar a cabo un paro nacional de 48 horas en algún punto entre el 15 y el 17 de diciembre. Según indicó, esta posible paralización busca presionar al Gobierno para que atienda de manera urgente la grave situación de inseguridad que golpea a las empresas de transporte formal en Lima y Callao.
El dirigente señaló que, pese a que el estado de emergencia continúa vigente, “no ha producido resultados concretos” frente a los constantes hechos de violencia que enfrenta el rubro. Además, recordó que después del paro realizado el 4 de noviembre, el presidente se comprometió a instalar una mesa de trabajo con el sector, compromiso que, hasta ahora, no se ha cumplido.
De acuerdo con Martín Ojeda, la situación se ha tornado insostenible. En las últimas semanas, al menos cinco empresas de transporte fueron atacadas con incendios provocados que terminaron destruyendo más de 25 vehículos.
El dirigente explicó que, en varios de estos casos, los propietarios recibieron cartas extorsivas que advertían nuevos atentados si no realizaban pagos. Pese a la gravedad de los hechos, afirmó que las investigaciones no muestran avances y que no hay responsables identificados.
Ojeda pidió una reunión urgente con el presidente para revisar medidas que permitan enfrentar la ola de extorsiones y ataques. Entre los puntos prioritarios mencionó el acceso al secreto bancario en casos de mafias extorsivas, el control estricto de chips telefónicos y la correcta aplicación de la norma que protege la identidad de quienes denuncian. También criticó que la unidad creada para combatir estas organizaciones criminales no cuente con presupuesto ni herramientas efectivas.
Según el dirigente, una parte del gremio estaría dispuesta a dar marcha atrás si el Ejecutivo responde y se abre una mesa de diálogo. No obstante, advirtió que otro grupo considera irreversible la decisión de paralizar entre el 15 y 17 de diciembre, al no ver señales de solución por parte del Gobierno.