El destape del caso VacunaGate podría significar la cárcel para varios ex funcionarios de alto mando en Perú, como el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, entre otros.
A ellos se les sumaría sus familiares e “invitados” a las vacunaciones clandestinas contra la COVID-19. Hasta la fecha se conoce de 487 inmunizados de forma irregular, pero el número podría ascender en el trascurso de la semana.
“Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos”, afirmó a EFE el abogado penalista Carlos Rivera, de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL). Los delitos que enfrentarían los acusados son: negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios.
La máxima pena que puede recibir uno de los involucrados sería de hasta 8 años de cárcel.
Por el momento, la procuradora anticorrupción Yudith Villegas Espinoza ha solicitado la detención preliminar de siete personas involucradas en el caso VacunaGate.
Ellos son el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay Boza; el exvicerrector de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Alejandro Bussalleu Rivera; el exdirector de Ciencia y Tecnología de la Cancillería, Jorge Jarama Alván; el exrepresentante de la exministra Pilar Mazzetti, Carlos Castillo Solórzano; el exrepresentante del Ministerio de Salud, Mario Tavera Salazar; el exrepresentante de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero funcionario de la Cancillería, Óscar Suárez Peña; y el suspendido jefe del equipo de ensayos clínicos de la UPCH, Germán Málaga Rodríguez.
La hipótesis de la procuradora anticorrupción es que la vacunación anticipada a los funcionarios pudo haber influido sobre la recomendación que hicieron para contratar a Sinopharm, lo que constituiría un grave delito porque había otros productos propuestos: la vacuna rusa Sputnik V y la del laboratorio Pfizer.