El menor, quien ha sido diagnosticado con anemia severa y peritonitis necesitaba transfusiones con urgencia. Sucedió en Arequipa.
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El juez Nolam Talavera Zapana, del Primer Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, dispuso de manera inmediata la realización de una transfusión de sangre a un recién nacido de iniciales D. N. C. Q., de apenas 10 días, quien permanecía en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.
El menor presentaba un cuadro clínico complejo debido a diversas complicaciones congénitas, entre ellas peritonitis por perforación intestinal, absceso intraabdominal, shock séptico y una severa anemia. Frente a esta situación, los médicos consideraron indispensable la transfusión de sangre, plaquetas y paquete globular para salvarle la vida.
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La intervención fue autorizada luego de que los padres del bebé se negaran a dar su consentimiento por motivos religiosos, lo que generó un riesgo inminente para la salud del menor. Ante ello, el caso fue elevado al Poder Judicial del Perú por el Ministerio Público, que solicitó la autorización para proceder con el tratamiento.
En su resolución, el magistrado precisó que la libertad religiosa no es un derecho absoluto, ya que encuentra límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales como la vida y la salud, especialmente bajo el principio del interés superior del niño. Asimismo, remarcó que, si bien los padres pueden educar a sus hijos conforme a sus creencias, no pueden imponerlas si ello pone en peligro su integridad, más aún tratándose de un recién nacido sin capacidad de decisión.
En ese contexto, el juez concluyó que la negativa de los progenitores implicaba interrumpir un tratamiento esencial, por lo que correspondía autorizar la transfusión para proteger la vida del menor. La medida fue comunicada de inmediato, y el magistrado acudió en la madrugada del domingo 5 de abril al hospital para notificar personalmente tanto al equipo médico como a los padres. Además, estos fueron advertidos sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplir la orden.
Debido a la urgencia, el procedimiento se gestionó de forma inmediata, con el apoyo del personal jurisdiccional, a fin de garantizar la rápida ejecución de la intervención médica.