La Sunedu halló graves deficiencias en la UPSC, como falta de planificación, infraestructura inadecuada y contratación de docentes no calificados.
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Una conocida universidad privada, que operaba desde hace casi dos décadas en el sur del país, se encuentra en la etapa final de su cierre definitivo, luego de no superar la evaluación de la Sunedu. Aunque algunos centros lograron adecuarse a la Ley Universitaria, esta institución no cumplió con las condiciones básicas exigidas, lo que motivó la denegatoria de su licenciamiento.
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Se trata de la Universidad Privada San Carlos (UPSC), con sede en Puno, la cual inició sus actividades académicas en octubre del 2006. En 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le negó el licenciamiento institucional al detectar deficiencias estructurales, administrativas y académicas. Tras agotar el plazo legal establecido para su cierre progresivo, la universidad cesará sus operaciones de forma definitiva el 30 de agosto de 2025.
Durante el proceso de supervisión, la Sunedu halló una serie de falencias graves. Entre ellas:
Sí. La Sunedu detectó que la UPSC dictaba clases en locales no autorizados en Juliaca e Ilave, lo cual va contra la normativa vigente. Por esta falta, la institución recibió una multa superior a los 600 mil soles. Estos establecimientos no contaban con las condiciones mínimas para ofrecer servicios educativos de calidad.
Otro de los problemas fue el incumplimiento en la contratación de profesores calificados. La universidad no acreditó que sus docentes sin maestría o doctorado estuvieran habilitados antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria. También se encontraron irregularidades en los procesos de selección, lo que generó dudas sobre la calidad académica ofrecida.
Al momento de la denegatoria, la Universidad Privada San Carlos contaba con 3,137 estudiantes de pregrado, distribuidos entre las carreras de Contabilidad y Finanzas, Derecho, Ingeniería Ambiental y Enfermería. Todos ellos fueron notificados sobre el cierre progresivo y contaron con opciones de permanencia o traslado.
La Sunedu activó mecanismos para proteger el derecho a la continuidad educativa. Se permitió que los estudiantes finalizaran sus estudios dentro del plazo establecido, siempre que se mantuvieran los estándares mínimos de calidad. También se facilitó el traslado a universidades licenciadas que ofrecieran programas similares. Además, la universidad quedó obligada a emitir títulos, grados y documentación académica hasta culminar su proceso de cierre.