El último jueves, organizaciones feministas y de derechos humanos instaron al Estado peruano a cumplir con las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres" (Cedaw) de la ONU y garantizar los derechos de las mujeres y la población LGTBI+.
En una conferencia de prensa virtual, una decena de entidades civiles denunciaron atentados y retrocesos contra los derechos de las mujeres en Perú y exigieron al Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional atender los resultados de la reciente examinación de la Cedaw, que alerta de los desafíos que aún afronta el país andino en materia de igualdad.
"El tema de Perú está bastante complicado porque, en relación con anteriores observaciones, sin duda hay avances, pero también muchos retos todavía por atender", declaró Leticia Bonifaz, experta de la Cedaw.
La abogada mexicana insistió en la necesidad de vencer los estereotipos de género, atender el "grave problema de la violencia", cerrar la existente brecha entre el campo y la ciudad, frenar el embarazo infantil y adolescente, y despenalizar el aborto en ciertas circunstancias.
"La recomendación (del comité de la Cedaw) va a ser muy útil como guía para el Gobierno del Perú hacia donde se debe caminar", aseguró Bonifaz.
Durante su intervención, Melissa Sánchez, del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, denunció la "falta de avances en la reducción del embarazo adolescente y el acceso altamente restrictivo al aborto terapéutico" en Perú y mencionó que en 2021 el país registró 51 muertes maternas en menores de 19 años.
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Sobre el "drama del embarazo adolescente" también se pronunció la organización feminista Flora Tristán, que recordó que el año pasado más de 1.430 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres y exhortó a las autoridades a aprobar el proyecto de ley presentado ante el Parlamento, a finales de 2021, que propone la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
Por su parte, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, destacó la recurrente desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el país, donde cada 90 minutos se reporta un caso, y la necesidad de garantizar una educación sexual integral en los colegios.
Representantes de asociaciones de mujeres discapacitadas y afrodescendientes insistieron, por su parte, en la urgencia de impulsar políticas públicas que cierren las históricas brechas de desigualdad y discriminación y protejan la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres en toda su diversidad.
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"De cada diez personas con discapacidad, ocho no se encuentran trabajando, ni siquiera buscando un empleo, y las mujeres con discapacidad son las más afectadas, lo que genera dependencia económica hacia sus parejas, quienes son los principales agresores", señaló Nathaly Huapaya, de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Por otro lado, la organización Manuela Ramos hizo un llamado a promover la participación plena de mujeres en los procesos electorales, prevenir el acoso contra mujeres en la vida política y garantizar su derecho a la justicia sin revictimización.
Además, las voceras criticaron que en Perú aún no esté aprobado el matrimonio igualitario, "lo cual genera una discriminación a las parejas lesbianas" por limitar su acceso a derechos como el de inscribir a sus hijos en los registros oficiales.
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Ese es el caso de Jenny Trujillo y Darling Delfín, quienes hace más de una década se casaron en México y ya acumulan más de 5 años batallando para que Perú permita que su hijo lleve sus apellidos y reconozca sus derechos.
"Es urgente que el Estado peruano cumpla con las recomendaciones de la Cedaw y podamos acceder a la Justicia finalmente. Demandamos una Justicia libre de estereotipos y que deje de discriminar a nuestros hijos por la orientación sexual o la identidad de género de sus padres", apostilló Delfín durante la conferencia.
Con la información de: EFE.