Los audios revelados por Fernando Olivera, en una conferencia de prensa vía Facebook, tendría una similitud con el caso de los ‘Petroaudios´ en el que se configura dos delitos: tráfico de influencias y cohecho, así lo explica la abogada penalista, Romy Chang, en una entrevista con Perú 21.
Chang también detalla que en el caso actual de los audios que presentó Olivera la situación sería aún más grave pues estaría de por medio una elección. “Se habla de la compra de voluntades del Jurado que está a punto de decidir sobre el destino del país. Definitivamente si es que esto fuese cierto, se habla de 3 millones de dólares de un millón para cada uno de los miembros que ellos estarían aceptando o dispuestos a vender su voto”, indicó en la entrevista con Perú 21.
La abogada penalista, también indicó que, para ella, la grabación de todos estos audios se realizó premeditadamente y con la intención de hacerlos públicos. Incluso, señala, que en uno de los últimos audios pareciera escucharse la voz del señor Olivera, que habría estado presenciando la llamada. “Todas estas cosas tienen que ser esclarecidas por el Ministerio Público, me imagino que por la gravedad de la situación tiene que abrir una investigación de oficio inmediatamente”, precisó.
Romy Chang insiste durante la entrevista con Perú 21, en que se tiene que analizar la participación de todos los implicados. “Se necesita analizar el nivel de participación también de otras personas que se encuentran alrededor, incluido el señor Rejas y las personas que han presentado estos audios y a partir de allí ver las detenciones preventivas preliminares”, concluye.
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Durante la entrevista, recordaron que en el 2008 una interceptación telefónica ilegal dio cuenta de un negociado entre Alberto Químper, Rómulo León y un ejecutivo de Petro Perú, en ella hablaban sobre pagos para ayudar a la empresa Discover Petroleum a ganar contratos.
Alberto Químper y Rómulo pasaron 3 años en prisión acusados de los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho. Sin embargo, para la abogada penalista, en medio de la crisis electoral, el contexto es más grave aún.