Pese a que el artículo 181° de la Constitución Política del Perú señala que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se dictan en “instancia final, definitiva, no son revisables” y que “contra ellas no procede recurso alguno”, seguidores de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recurrirían al fuero judicial para demorar o evitar la proclamación de un ganador en el proceso electoral.
Esta posibilidad fue anunciada el domingo en una entrevista en televisión por el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres. Aunque, este lunes, el asesor legal Julio César Castiglioni declaró en El Comercio que todos sus reclamos se agotarán en la jurisdicción electoral.
No obstante, en la misma entrevista señala que eso es lo que recomendará, como lo ha hecho en otros casos, pues ir a la instancia judicial sería no solo desconocer el resultado electoral, sino un desconocimiento de la norma legal. “Sabemos que los fallos del JNE son irrevisables”, indicó. Todo dependería entonces de si, esta vez, Keiko Fujimori acepta su sugerencia.
Previamente, la abogada y vocera del movimiento “Con mis hijos no te metas”, Beatriz Mejía deslindó, en la red social Twitter, de Fuerza Popular y Keiko Fujimori.
Mejía argumentó que recurrir a la instancia judicial es desconocer la voluntad popular y sería un golpe de Estado. La abogada hizo un llamado a las fuerzas de derecha, izquierda, moderados y progresistas para formar un frente en defensa de la democracia y el Perú.
Los planes para recurrir a la instancia constitucional, vía el Poder Judicial, fueron advertidos, el fin de semana, por diversos abogados a magistrados de la Corte Suprema y el Jurado Nacional de Elecciones. Los abogados señalaron haber sido consultados para participar en el proyecto y “recomendar” un juez que pueda amparar con prontitud las demandas contra el JNE.
Aunque saben que no van a lograr un resultado positivo, el objetivo es entrampar y dilatar la posibilidad de que el JNE concluya su trabajo, con la revisión de actas observadas y recursos de nulidad, de tal manera y no pueda proclamar un ganador mientras exista algo pendiente. Eso de acuerdo con la versión que uno de los abogados que fue consultado por dirigentes de Fuerza Popular relató a La República.
En coincidencia con esta versión de la judicialización del proceso electoral, ayer Keiko Fujimori anunció que el abogado y expresidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola Hani, de manera ad honorem, “se hará cargo de nuestra defensa frente a todos los órganos competentes”.
Justamente, la especialidad de Urviola es la constitucional y no la electoral, que se requiere si todo va a terminar en el JNE.
Ayer lunes, al mediodía, el JNE fue informado de la presentación de un primer recurso de amparo y medida cautelar, presentado ante el 50 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima.
Aunque se dijo que era una demanda vinculada a Fuerza Popular, no habría una relación directa con esta agrupación política. La demanda fue presentada a las 10:48 a.m. por el abogado Carlos Franco Pacheco contra la decisión, ya dejada sin efecto, de ampliar el plazo para la presentación de recursos de nulidad.
Franco Pacheco estaría actuando por su propia cuenta. Ya antes ha presentado denuncias y demandas de interés público, a su propia iniciativa. En Perú Libre dijeron no conocerlo
La demanda aún no ha sido admitida a trámite. Podría ser rechazada de plano. Si una demanda es admitida, el resto podría tener la misma suerte.
Las demandas judiciales se empezarían a presentar conforme el tribunal electoral empiece a revisar y resolver los recursos de nulidad de actas de votación, lo que podría estar sucediendo la próxima semana.
Este lunes 14 de junio, los cuatro miembros del JNE Jorge Rodríguez, Jovián Sanjinez, Luis Arce y el presidente Jorge Salas empezaron a resolver las apelaciones a la impugnación de voto y actas observadas.
En audiencia pública, con participación de los representantes legales de los dos partidos se, revisaron 10 casos de un total de 60 que llegaron a esa instancia. Las 60 apelaciones les podría llevar toda esta semana.
A partir del 21 de junio, empezarían a ver y resolver, también en audiencia pública, las apelaciones a los más de 800 recursos de nulidad presentados ante los JEE para anular mesas de votación.
Todos están siendo rechazados, pero corresponde al JNE verlos y pronunciarse en última y definitiva instancia.
Es posible que para agilizar el proceso se acumulen los casos por temas, como ha sucedido en los JEE, pero eso podría depender de la aceptación de los personeros de Fuerza Popular y Perú Libre.
Resolver estos casos podría tardar hasta la primera semana de julio.
El año 2011, la proclamación por parte del JNE del candidato ganador de las elecciones se realizó el 23 de junio. Mientras que en el 2016 se produjo el 28 de junio. Sin embargo, en ambos procesos electorales hubo muchos menos recursos de nulidad.
El 2011, con el triunfo de Ollanta Humala se presentaron solo 6 nulidades; y el 2016, para la elección de Pedro Pablo Kuczynski, llegaron a 26 recursos de nulidad.
Esta elección se presenta más compleja. En el JNE ven difícil que pueda realizarse la proclamación presidencial antes del 10 de julio.
Si, además, en medio de todo este complejo proceso se presentan acciones judiciales, tener lista la proclamación podría llevar más tiempo, que es lo que busca Fuerza Popular.
Además de lo que prescribe la Constitución, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse ante demandas presentadas contra el JNE en elecciones regionales y municipales
Uno de los antecedentes es una demanda de amparo presentada en Huánuco, el 2011, por un militante de Somos Perú excluido como candidato a consejero regional. La sentencia tiene la firma de Óscar Urviola.
“En atención a la seguridad jurídica (...) como pilar fundamental que debe rodear a todo proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto (JNE, ONPE, Reniec...), en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable”, señaló el TC.
Antes, en un amparo presentado el 2005, en Piura, el TC subrayó que los procesos electorales ostentan plazos perentorios y preclusivos, y siendo que su meta es “el conocimiento exacto y oportuno del resultado de la voluntad popular manifestada en las urnas, no es factible que, con pretexto de reconocer otros derechos, se niegue la seguridad jurídica del proceso electoral y la estabilidad y equilibrio del sistema constitucional.
Fuerza Popular, Keiko Fujimori y sus aliados han iniciado un ataque contra los electores y miembros de mesa, acusándolos de integrar una organización que hizo fraude en mesa.
En consonancia con estas acusaciones sin pruebas, los abogados Mario Amoretti y Luis Lamas Puccio presentaron una denuncia penal ante la fiscalía para que se investigue a cientos de miles de ciudadanos por delitos de falsedad ideológica y contra el derecho al sufragio.
La denuncia se sustenta en los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular y publicitados en diversos programas de televisión, a cuyos conductores se presenta como testigos claves del supuesto delito masivo.
Primera demanda de amparo contra el JNE se dijo que fue presentada por Fuerza Popular, pero la planteó un abogado en aparente apoyo a Perú Libre.
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Beatriz Mejía, @beatrizmejiamor
Aníbal Torres, abogado
“Ninguna acción de amparo puede paralizar el trabajo del JNE. Si se presenta alguna demanda, el JNE tendrá el deber de contestar, pero el proceso continuará, no se puede detener”.
“El fujimorismo insistirá con apelaciones y más leguleyadas. Pretenderá que el JNE acepte interpretaciones antojadizas contrarias a la ley y tratará de forzar, vía alguna medida, desde el PJ”.
Ana María Vidal, abogada
“Buscar petardear el proceso electoral mediante amparos sería abuso del derecho. No es delito, pero sí está prohibido por la Constitución. Con eso demostrarán que no acatan la decisión del JNE”.
Con información de La República.