La criminalización del aborto en el Perú sigue cobrando la vida de muchas mujeres
Daños a nivel físico, psicológico, e incluso hasta la muerte, son las consecuencias del aborto clandestino.
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A través de un informe periodístico publicado en ‘La República’, Eudomar González contó la terrible experiencia que vivió con su esposa, la cual falleció luego de asistir al hospital el pasado viernes 3 de julio a causa de un aborto espontáneo que sufrió.
“Mi vida, estos doctores van a llamar al Serenazgo por lo del aborto, necesito que me ayudes”, fue el último mensaje que la joven le envió a su esposo antes de intentar escapar del Hospital María Auxiliadora, ya que el personal la denunciaría debido al aborto incompleto, la razón por la que ella ingresó al nosocomio.
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“Cuando llegamos, no nos quisieron atender porque nos pedían unos medicamentos y el kit para que puedan realizarle el legrado y nosotros no teníamos la plata”, contó González, quien agregó que otros pacientes los ayudaron y pudieron juntar el dinero que necesitaban para que realicen el procedimiento.
Ante este hecho, el medio local se comunicó con la abogada especialista en género, Brenda Álvarez, quien aseguró que “el aborto incompleto es una emergencia obstétrica” y, por ende, los centros de salud están en la obligación de atender a las mujeres en estos casos.
Sin embargo, aunque el centro de salud tenga el deber de atenderlas, existe el artículo 30 en la Ley General de Salud, el cual obliga al personal médico a denunciar cuando se identifique un “autoaborto” o aborto inducido.
Es así como nos damos cuenta que el mismo Estado, además de la sociedad, empujan a las mujeres a pasar por situaciones clandestinas e inseguras. Pues, la criminalización del aborto no hace que la interrupción voluntaria del embarazo no se practique, sino por el contrario, solo ocasiona consecuencias físicas, psicológicas e incluso pueden causar la muerte de estas féminas.
“Estas consecuencias son producto del aborto inseguro. Un aborto acompañado y legal no dejaría estas secuelas”, declaró a ‘La República’, Pamela Ortega, obstetra y activista feminista de la plataforma de educación sexual integral ESI para vivir.
Pese a que la Organización de las Naciones Unidad (ONU) señale que la mujer tiene como “derecho fundamental la igualdad, privacidad y salud física y mental”, no todas cuentan con el dinero o la información para acceder a un aborto seguro.
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Es en estas circunstancias en el que los famosos carteles de “atraso menstrual” toman protagonismo y se convierten en una “solución” para ellas. Empujándolas a someterse a un aborto clandestino.
Consecuencias de la criminalización del aborto
La obstetra Ortega comentó que con el aborto clandestino las mujeres están expuestas a sufrir daños en la salud física.
Pues, al no recibir una información completa muchas caen en personas que venden el misoprostol, la pastilla que la OMS recomienda para realizar un aborto seguro, pero al no tener las indicaciones adecuadas, solo sufren severos daños. “Muchas veces lo toman y así no funciona, porque puede producir nauseas, diarrea, pero no va a producir el aborto”.
“También está la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o legrado, que es una intervención quirúrgica. Este método suele ser utilizado en los abortos clandestinos, que son inseguros e insalubres”, explica.
Ortega agrega que, por lo general, esta práctica lo realizan personas que no tienen formación médica y que sólo buscan lucrar con la salud de las mujeres y, lamentablemente, solo generan dos escenarios:
Una muerte por hemorragia, ya que no saben cómo proceder con el legrado, de esta manera raspan el útero más de la cuenta y causan daños severos que llevan a una hemorragia interna. “Como necesitan atención de tercer nivel y ellos no saben cómo realizar una intervención quirúrgica, lo que hacen es dejarlas y que mueran desangradas o desaparecerlas”.
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O una muerte por infección, pues las AMEU las suelen hacer sin tener un cuidado de bioseguridad y la mayoría de las veces introducen al útero, utensilios contaminados que provocan una infección interna. Como no saben tratarla, a la mujer le da fiebre y taquicardias. “Nadie sabe qué pasó y ellas no quieren decir que abortaron porque no es legal, entonces mueren de infección”.
Además de los daños físicos, el aborto clandestino también agravia la salud mental. La psicóloga social y consejera en salud sexual reproductiva de Decido Yo, Adriana Buiza, declaró al diario local que una de las consecuencias más graves de negar un aborto seguro a las mujeres es la muerte por suicidio.
“Mitos que afirman que nos sentiremos mal, que entraremos en depresión, que el embrión siente dolor o quedaremos infértiles para toda la vida son constructos sociales”.
Este tipo de estereotipos, provocados por sectores que se oponen al libre acceso al aborto, producen culpa en las mujeres, causando depresión y ansiedad.
Por ello, la especialista recalcó que también se afecta la salud mental de las mujeres cuando llegan al hospital con un aborto incompleto y deciden revictimizarla llamando a la Policía. “Muchas veces no se las quiere atender, las tratan mal y las violentan psicológicamente”.
“El artículo 30 de la Ley General de Salud es inconstitucional y debería ser modificado porque no solo vulnera el derecho al secreto profesional, sino también actúa como un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a las atenciones de salud”, expresa Buiza.
El informe periodístico también recalca que estas consecuencias vulneran acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano, como la Convención contra toda forma de Discriminación de la Mujer (CEDAO) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.