Suspenderán servicio telefónico a quienes hagan llamadas falsas a los números de emergencia
El decreto de urgencia también anuncia la suspensión del servicio de internet.
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Luego de saberse que las centrales de emergencia reciben más de 380 mil llamadas malintencionadas durante un mes, el Decreto de Urgencia N° 26-2020 dado por la expansión del coronavirus, el gobierno del presidente Martín Vizcarra, anunció que se suspenderá durante 30 días a las líneas telefónicas que hagan llamadas falsas de emergencia.
Según el decreto, "el Ministerio de Transpores y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones está habilitado para disponer la suspensión temporal del tráfico saliente del servicio de telecomunicaciones de las líneas de abonados desde la cual se realizan comunicaciones malintencionadas a las Centrales de emergencias, urgencias e información”
Para cumplir esta medida, las entidades a cargo de las centrales de emergencia, urgencias e información deberán brindar un reporte diario a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones de las líneas telefónicas que efectúan estas llamadas.
“Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones tienen la obligación de realizar la suspensión temporal en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas de recibido el requerimiento de suspensión (…) El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente constituye una infracción muy grave y sancionable con las multas que dispone el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones”, menciona la norma.
¿Qué es un estado de emergencia?
El estado de emergencia se dicta, generalmente, en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, como lo ha generado la llegada del coronavirus al Perú. La Constitución prevé un papel del Parlamento en su convocatoria y en su conclusión. Durante este estado, las fuerzas armadas de un país pueden asumir el control de orden interno.
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¿Qué libertades están restringidas?
Durante este, el gobierno restringe o suspende el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional. Los derechos restringidos pueden son relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.
