Pedro Castillo, presidente de la República,se manifestó luego de que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que limita el referéndum. El mandatario aseguró que acudirán al Tribunal Constitucional para que se observe esta norma, pues enfatizó que es antidemocrática e inconstitucional.
“El Congreso, con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente. Como Gobierno, recurriremos al Tribunal Constitucional en vista de que esta ley es antidemocrática e inconstitucional”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
Asimismo, Castillo Terrones sostuvo que desde el Gobierno no van a permitir que se vulnere la participación política de los peruanos y que se someta su voluntad “a merced del parecer único del Congreso”. Por tal, destacó que se le tiene que dar el único poder a la ciudadanía.
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“Este atentado contra la población que ha exigido por años el cambio de una Constitución concebida en la dictadura, olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad. Recae en los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar”, agregó en sus redes sociales.
Esto, luego de que el último viernes el Parlamento aprobara la ley que establece que toda reforma constitucional deberá ser admitida por esta institución antes de que sea sometida a referéndum. La decisión se tomó con 72 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones.
El texto sustitutorio del dictamen modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, con el propósito de prohibir la convocatoria a consulta popular para reformas a la Constitución que no hayan sido discutidas ni tramitadas por el Congreso.
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El último sábado 22 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció mediante un comunicado que el Ejecutivo interpondrá un demanda de inconstitucionalidad sobre la norma que aprobó el Legislativo por insistencia.
“El Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pues consideramos que la referida norma el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía”, se lee en el pronunciamiento.