Acciones inmediatas. Tras conocerse que Samir Abudayeh Giha, empresario que se reunió con el presidente Castillo ganó una licitación, la Contraloría General de la República, informó que iniciará una acción de control inmediata para conocer la legalidad de dicho contrato.
A través de las redes sociales, la institución encabezada por Nelson Shack, aseguró que comenzarán las investigaciones pertinentes sobre este caso, que nuevamente embarga al jefe de Estado en un nuevo escándalo sobre presunto tráfico de influencias.
“Contraloría informa el inicio de una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada con la adquisición de biodiésel B100 nacional en Petroperú”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.
Este pronunciamiento, se da tras el informe periodístico de Latina, donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op, y a la empresaria Karelim López.
Según el registro detallado de visitas de Palacio de Gobierno y difundido por el dominical en mención, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.
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Días posteriores a este encuentro, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum, ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones. Tras conocer este acto, el programa Punto Final se puso en contacto con el ejecutivo de Petroperú, el cual afirmó que, si bien el registro demuestra que las visitas ocurrieron de manera simultánea, en realidad él esperó solo en una sala hasta ser recibido por Pedro Castillo.
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“Declaro enfáticamente no conocer a estas personas y no me he reunido con esta persona. Me he reunido con el presidente cada semana porque estamos trabajando un programa llamado ‘petrobalón popular’”, indicó Chávez en el dominical.
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Por su lado, la legisladora Norma Yarron (Avanza País) expresó a Panorama que “el presidente no puede reunirse con proveedores del Estado”.
“Abiertamente, ya estamos hablando de tráfico de influencias. El Congreso de la República tendría que entrar con la Comisión de Fiscalización inmediatamente y el procurador tomar acción inmediata”, sentenció.
