La educación superior tuvo un gran avance cuando se promulgó en julio de 2014 la Ley Universitaria (Ley 30220) con el fin de supervisar a las universidades y promover el mejoramiento continuo de su calidad educativa. No obstante, la llamada reforma universitaria podría verse alterada por una contrarreforma.
Y es que el actual Congreso se ha propuesto minar esta reforma, de una manera sospechosa e interesada al presentar proyectos relacionados con la educación superior. Hasta el momento hay 5 iniciativas legislativas que buscan darle una segunda oportunidad a las casas universitarias que no han cumplido con los requisitos básicos de calidad y, por lo tanto, no tienen licenciatura.
Pero, además, existen otras 7 que proponen cambios en la reforma y que podrían debilitar las funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
El primer salvavidas para las universidades rechazadas por no cumplir los requisitos fue presentado por el legislador Darwin Espinoza (renunciante de Acción Popular). Su proyecto busca darle dos años de plazo para que estas casas de estudio puedan “superar las deficiencias identificadas” en los informes técnicos realizados por la Sunedu.
El segundo y tercer proyecto ofrecen los mismos beneficios que el primero, salgo que añaden que el Ministerio de Educación puede analizar suscribir convenios de colaboración con las universidades privadas no licenciadas, con el objetivo de implementar los mecanismos de mejora de la calidad. Lo peculiar es que estas propuestas vienen de agrupaciones ideológicamente contrarias como Perú Libre y Renovación Popular.
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Bajo esa misma línea, hay un proyecto que tiene por nombre “crear el régimen de protección educativa en universidades públicas y privadas con licencias denegada” que nació desde el grupo oficialista, según informó el diario Correo.
En este proyecto se propone crear de manera transitoria el Régimen de Protección Educativa (REPROE) para que el Minedu -a través de un comité reorganizador- tome la gestión y el control de esas universidades con la finalidad de mejorar las condiciones básicas de calidad y elevar su nivel académico por tres años.
Finalmente, hay un proyecto también de PL que propone otorgar a las universidades que no obtuvieron licencia -de manera excepcional- la presentación de una nueva solicitud. De aprobarse, el nuevo plazo sería hasta el 31 de diciembre de este año.