Invocó también al Congreso a responder con celeridad ante la notificación de la demanda que planteó el Ejecutivo. Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció respecto de la posibilidad de que los otros tribunos cambien su voto respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra la ley que interpreta la cuestión de confianza.
Durante entrevista con RPP Noticias, el ponente designado por el TC indicó que esta es la tercera demanda que se plantea sobre la cuestión de confianza, por lo que ya existe un precedente en cuanto a la votación. En esa línea, dijo que el magistrado que cambie su voto respecto de las anteriores demandas tendrá que justificarlo.
También indicó que ya cumplió con notificar al Parlamento sobre la admisión a trámite de la demanda planteada por el Ejecutivo, además del contenido de la misma. Por otro lado, dijo que el Congreso ahora tiene 30 días de plazo para contestar, pero invocó a este poder del Estado a que respondan a la brevedad.
“Nosotros los magistrados somos prisioneros de nuestros votos y si tenemos un voto distinto a lo que votamos hace 2, 3, 4 años tenemos que justificar cuál es la razón que nos lleva a cambiar de sentencia”, dijo.
Añadió, que en principio existe lo que se llama la predictibilidad que lleva a que, cualquier autoridad que resuelve conflictos y entre ellas los jueces constitucionales, cuando dicen una cosa para un mismo tema mantienen esta misma idea por lo menos por un tiempo prolongado y cuando se cambia de criterio se tiene que justificar.
“El Congreso tiene 30 días hábiles, plazo muy largo, pero que lo ha puesto la ley. Estamos hablando de un problema con connotaciones políticas y sociales que debería tener una respuesta más corta. (Por eso invoco) al Congreso a que no se tomen todo el plazo para poder contestar”, dijo.
Asimismo, dijo que tras la respuesta del Legislativo ya tendrá un proyecto realizado sobre el cual buscará el consenso de los miembros del Tribunal Constitucional o en todo caso la votación mayoritaria respecto de esta causa.
Como se recuerda, el Ejecutivo presentó ante el TC el pasado 22 de octubre la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Carta Magna.
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Esta norma fue aprobada en el Parlamento por insistencia y determina que el Ejecutivo solo puede invocar la cuestión de confianza cuando se trate de temas relacionados directamente a la ejecución de su política general de Gobierno.
