De acuerdo a un informe de la Policía Nacional al que tuvo acceso La República, en la presunta organización criminal denominada ‘Los Hijos del Cóndor’ cada integrante tenía un rol. El hombre clave y “guía” es el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Él sería quien conducía, coordinaba y orientaba a todos los demás integrantes de la red criminal.
El informe refiere que los hombres claves luego de Cáceres eran sus funcionarios más cercanos: Gregorio Palma Figueroa, Napoleón Ocsa Flores, Wilfredo Leodan Llaiqui Cáceres, Marcelo Córdova Monroy y Augusto Palaco Toro. Ellos se encargaban de tomar las órdenes de Cáceres y ejecutarlas.
La indagación señala que, por ejemplo, estos funcionarios coordinaban las presuntas acciones delictivas mediante las oficinas de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, a cargo de Javier Rospigliosi Vega, de Ordenamiento Territorial, que conducía Rolando López Chire y del entonces gerente de desarrollo económico del proyecto Majes Siguas, Richard Calvo Ramos, quien recientemente fue nombrado gerente en la empresa de saneamiento Sedapar.
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Mientras que el órgano de soporte estaba conformado por los siete consejeros regionales que estaban de lado de Cáceres (ver organigrama). Ellos eran quienes apoyaban todos los proyectos que Cáceres y sus funcionarios impulsaban.
Como apoyo jurídico se considera a los asesores del gobernador, Edwin Esquivel Alcamora (detenido), Hugo Mendoza Choquehuanca y Willian Benavides Mamani (ambos procesados en libertad).
Los cómplices externos son los dirigentes de las asociaciones: Mario Jacobo, presidente de la Asociación Pampas Bayas; Luis Mondragon Denegri, cabeza de la Asociación Cuatro de Diciembre de Caravelí y Roció Murillo Chire, como representante de la asociación de productores Sol Radiante de Majes y el vicepresidente de esta Jhon Ccotaluque Ydme.
Estas últimas personas, según la indagación, autorizaban y brindaban las condiciones para la inscripción de los testaferros. No obstante, el juez de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios, José Málaga Pérez, solo dispuso la detención preliminar de Jacobo, los demás serán procesados en libertad.
La investigación policial también concluyó que los acusados tenían reuniones previas a las sesiones de Consejo Regional para concertar sus votos o llegar a acuerdos, con el fin de respaldar al gobernador Elmer Cáceres y su círculo.
Una de esas reuniones, según el informante de la Fiscalía, fue un almuerzo en la picantería Las Nieves en el distrito de Hunter. La cita fue posterior a la elección del consejero Wuile Ayñayanque como presidente del Consejo Regional en el periodo 2020.
En esa reunión, utilizaron el segundo piso y taparon con plástico las cámaras de seguridad y se repartieron las comisiones más fuertes para supuestamente dominar el Consejo Regional.
Fuentes del Ministerio Público indicaron a este diario que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por casi dos años, el gobernador junto a sus funcionarios y consejeros “amigos” sostenían reuniones en más de una ocasión. En una de esas, incluso, se habría realizado la repartija de terrenos, mediante testaferros.
En la resolución que dispone la detención preliminar, se menciona el tema y cómo se inscribieron testaferros de los consejeros y demás implicados.
El modus operandi para la entrega irregular de terrenos públicos a favor de los consejeros era que, mediante terceras personas de su confianza, se inscriban como socios de las asociaciones Pampas Bayas, Sol Radiante, entre otras, y así obtener predios.
Uno de los testaferros se registró en la Asociación Irrigación Agroindustrial Pampas Bayas, el cuestionado proyecto que se superpone a Majes Siguas II y que fue aprobado la semana pasada por el Consejo Regional.
El exgerente de Autodema Marcelo Córdova, a nombre de la mencionada asociación, fue quien habría ofrecido la entrega de los terrenos a cambio que lo apoyen con el voto en contra de la interpelación que se planteó en el Consejo en 2019.
Este hecho, que fue revelado por un informante, fue corroborado por personal de inteligencia de la Policía. Comprobaron que en la asociación se insertó a F. A. P. M., quien fue inscrito y acreditado a nombre del informante. Incluso recibió una constancia de parte del presidente de la asociación Mario Jacobo Jacobo.
También se verificó que el ciudadano Justino Winder Ayñayanque Rosas figura como socio de la asociación y estaría actuando como testaferro del consejero de la provincia de Condesuyos, Wuile Ayñayanque Rosas, quien es uno de los siete consejeros con orden de detención preliminar.
De acuerdo a la investigación fiscal, existe otra asociación formada para favorecer con terrenos a los trabajadores de Autodema y a los consejeros captados para el grupo del gobernador Cáceres. Es la Asociación de Productores Sol Radiante de Majes, cuya creación fue impulsada por el ahora consejero detenido Veto Bernal Huarca.
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Las indagaciones apuntan a que el gerente de Autodema, Napoleón Ocsa Flores, entregó en cesión de uso 241.99 hectáreas de terrenos de la entidad, a favor de la asociación Sol Radiante de Majes, con el fin de que instalen 300 módulos de capacitación como parte de un proyecto denominado “Capacitación y fomento de microempresarios en la producción de vestido, calzado, juguetes y cultivo hidropónica en El Pedregal del distrito de Majes”.
Además de crear la asociación, el papel de Veto Bernal habría sido el de concertar con los otros consejeros aliados a Cáceres Llica para que estos no traben el trámite de la cesión en uso de los terrenos, ni interpelen al gerente de Autodema. A cambio de este apoyo, recibirían hectáreas de terrenos, a nombre de terceros, para lo cual entregaron la copia de los DNI.
Simpatizantes del gobernador regional Elmer Cáceres Llica llegaron ayer a exteriores de la Policía Anticorrupción en Arequipa, donde la autoridad está detenida por integrar la presunta red criminal ‘Los Hijos del Cóndor’. Para los seguidores de Cáceres, se trata de una persecución política.
El grupo, que dijo ser de Camaná, protestó con arengas y carteles por la detención de Cáceres. Su representante, Edgar Ancasi, sostuvo que respaldan a la autoridad por las obras que realiza en la provincia costeña.
“Esto se trata de una persecución política, porque el gobernador se opone a Tía María”, señaló Ancasi. Cuestionó que no se hayan detenido a pasadas autoridades regionales.
(Con información de Deysi Pari/LR)