Fuerza Popular se opone a ‘Ley Tecnopor’: ¿Por qué están en contra de la regulación del uso del plástico?
Entérate AQUÍ por qué la bancada de Fuerza Popular está tan interesada en postergar la ley Tecnopor.
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El congresista de Fuerza Popular Jorge Morante, con el respaldo de su bancada, presentó un proyecto de ley para retrasar hasta diciembre del 2023 la próxima entrada en vigencia de la prohibición del uso de envases de tecnopor (poliestireno expandido).
Cabe precisar que a raíz de la pandemia del Covid-19 frenó la lucha contra la contaminación por plástico de un solo uso. En 2019, cuando se cumplía un año de la promulgación de la Ley N°30884, se dejó de usar 1.000 millones de bolsas y envases descartables. Sin embargo, en el 2020 esta cifra tuvo un retroceso de 50%, según el Ministerio del Ambiente.
Esta medida debe aplicarse desde el 20 de diciembre en el marco de una tercera fase de la ley. Antes se restringió la fabricación y el consumo de los sorbetes (cañitas), y se aprobó un impuesto a las bolsas plásticas para desincentivar su uso (S/0.30 hoy y S/0.40 en 2022).
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“El objetivo es contribuir con la reactivación económica de los micro y pequeños comerciantes y de los usuarios. Estos recipientes tienen mayor demanda, con la ‘nueva normalidad’, por la entrega de comida a domicilio. Además, la industria en el Perú solo está en la capacidad de reemplazar el 20% de los productos que quedarían prohibidos”, justifica el congresista fujimorista.
El discurso de Morante se alinea con lo señalado por la Asociación de Distribuidores y Comercializadores de Plásticos del Perú, la cual pide una prórroga del inicio de la prohibición.
Según información que reveló La República, el retraso de esta ley beneficiaría a dos empresarios vinculados al caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori.
¿Quiénes son los empresarios vinculados al caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori?
Los que estarían muy atentos, y con muchas ansias, porque se postergue la ley Tecnopor serían Ricardo Echegaray Llerena y Javier Vallejos Miranda, quienes, según la ONPE, fueron aportantes al partido fujimorista durante el año 2011.
Los dos empresarios fueron citados por el Ministerio Público en el 2019 para declarar en el marco de las investigaciones por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza 2011.
“De acuerdo a información publicada el 2019, el fiscal José Domingo Pérez citó en ese año a una larga lista de miembros y exmiembros de la cúpula fujimorista. También a empresarios nacionales y extranjeros que figuraban como aportantes al partido político Fuerza 2011 (Ahora Fuerza Popular). La finalidad de los interrogatorios era determinar la autenticidad, origen y la finalidad de los fondos aportados al fujimorismo. Esto, en el marco de la investigación por lavado de aportes para el financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011”, señala la investigación.
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¿Qué dijo la Aspec?
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) se manifestó, abiertamente, en contra de la medida por los perjuicios que implicaría para el medio ambiente y la salud de los peruanos.
“El tecnopor es fabricado a partir del estireno, un hidrocarburo derivado del petróleo que puede permanecer hasta 400 años sin degradarse. Sus residuos suelen terminar en el mar en forma de pequeñas bolitas que son ingeridas por diversas especies marinas; así también su quema eleva al aire gases tóxicos. Además está catalogado como posible cancerígeno”, explicó el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres.
En ese sentido, afirmó que resulta inaceptable que, a estas alturas del Bicentenario, estemos discutiendo en el Perú si debe implementarse o no la referida prohibición que entraría en vigencia el 20 de diciembre.
“Es lamentable que el partido Fuerza Popular vuelva a promover medidas que atentan no solo contra el medio ambiente sino también contra el derecho a la salud del consumidor, como intentó hacer hace años para impedir el uso de los octógonos nutricionales”, señaló.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso, Margot Palacios (Perú Libre), cuestionó que se pretenda dar dos años más de plazo con el argumento de apoyar la rentabilidad de los negocios en el contexto de la pandemia del Covid-19.
