Generales PNP retirados por Sagasti inician batalla legal para regresar a la institución

Generales de la Policía Nacional que fueron pasados al retiro por renovación de cuadros por el presidente Francisco Sagasti interpusieron acciones de amparo ante el Poder Judicial en un intento por retornar a la institución policial. En todos los casos, argumentan que fueron dados de baja vulnerando las normas.

No obstante que el mandatario Sagasti aseguró el último fin de semana que no habrá “marcha atrás” en su decisión de dar de baja a tres tenientes generales y 17 generales de la PNP, varios de los afectados por la drástica medida han comenzado a recurrir a la administración de justicia con el propósito de anular las resoluciones ministeriales que dieron término a sus funciones como integrantes del Alto Mando de la Policía Nacional.

Sagasti reconoció que en el pase al retiro “pagaron justos por pecadores”, en el sentido de que en el propósito de relevar a generales implicados en las investigaciones por las compras policiales ilícitas y la muerte de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado, tuvieron que salir otros que nada tenían que ver con ambos casos. Por eso, cuando designó como comandante general de la PNP a César Cervantes Cárdenas, y lo tuvo que ascender del grado de general a teniente general, todos los que lo antecedían en el escalafón pasaron al retiro, como indica la ley. Sin embargo, para los generales que por esta decisión tuvieron que salir de la institución, la fórmula del presidente Sagasti no está acorde con las leyes.

“Quiero dejar sentado un precedente para que nuestra Policía Nacional no sea manipulada por intereses políticos. No es justo que seamos humillados de esta manera y que los gobernantes de turno violenten la ley a su antojo”, señaló a La República el general Alejandro Oviedo, quien antes de pasar al retiro cumplía funciones como jefe de la Región Policial Junín. Oviedo es uno de los generales que han presentado una acción de amparo.

Oviedo pertenece a la promoción 1986 de la ex Guardia Civil (Código 1), tenía 5 años más de proyección en la PNP, pero sus aspiraciones quedaron truncadas por la baja presidencial.

“Tengo 25 años de servicio y he dado todo mi esfuerzo a la Policía e incluso durante la pandemia me contagié con el coronavirus, y pese a ello nunca abandoné mi deber. Sin embargo, nos maltratan y botan como si fuéramos delincuentes. Y lo más grave es que no se respetó la ley del Reglamento Policial”, explicó.

Por su parte, el general Alexis Bahamonde Chumpitaz, quien ocupaba la posición de jefe de la Dirección de Prevención, Orden y Seguridad de la Policía Nacional cuando le dieron de baja, informó que ha iniciado el proceso de acción de amparo con la finalidad de que todos los generales que fueron pasados al retiro sean reincorporados a la PNP.

“Yo al igual que mis compañeros de armas, generales que fueron separados ilegalmente, el 24 de noviembre, deben volver a su estado normal. Es decir, a sus cargos anteriores, porque a todas luces el Ejecutivo tomó una medida inconstitucional”, señaló Bahamonde a La República.

El general Alexis Bahamonde, al igual que el general Alejandro Oviedo, pertenece a la promoción 1986 y, de acuerdo con el escalafón policial, era el cuarto en la línea de mando y aspiraba a alcanzar la Comandancia General de la PNP.

“No sé por qué motivo me invitaron al retiro. No estoy comprometido en ninguna investigación, ni de compras, ni mucho menos implicado en los acontecimientos del 14 de noviembre, donde fallecieron dos ciudadanos. Sin embargo, el exministro Rubén Vargas nos metió a todos en un mismo saco sin previa evaluación”, expresó el general Bahamonde.

El general Mario Arata Bustamante también se sumará a la ola de acciones de amparo contra el gobierno de Sagasti, adelantó Bahamonde, compañero de promoción de Arata. Empero, no se trata de una acción colectiva sino individual. Cada uno de los 20 generales pasados al retiro actúa por su cuenta, aunque se reúnen e intercambian ideas.

No todos quieren retornar a la Policía Nacional y continuar en carrera. Hay algunos que buscan la reincorporación, como una forma de reivindicación, para luego solicitar el pase al retiro.

Precisamente, como informó La República, el viernes 4 de diciembre, siete generales de la Policía sostuvieron una reunión con el entonces ministro del Interior, Cluber Aliaga. Luego de dicha entrevista, los siete generales se dirigieron a la residencia del ex comandante general Orlando Velasco Mujica, en Santiago de Surco.

Sin embargo, Velasco les dijo que no estaba interesado en volver a la Policía, porque él era consciente de que el presidente Francisco Sagasti le había quitado su confianza como comandante general.

“Si vuelvo a la Policía, presentaré mi pase al retiro, porque no tiene sentido estar en el cargo si ya no gozo de la confianza del presidente”, expresó Velasco a sus compañeros de armas.

En la entrevista que tuvieron con Cluber Aliaga, este les dijo que había dos alternativas: o aceptaban los cargos públicos que les ofreció el gobierno de Sagasti, o planteaban acciones de amparo. Aliaga manifestó que por dignidad de la Policía Nacional preferían iniciar acciones legales.

Incluso Cluber les hizo una exposición en Power Point en la que les mostraba que presentar acciones de amparo tenía sustento: “Las resoluciones supremas de pase a retiro desde el subcomandante y los generales vulneraron el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1267 y 7 de su reglamento, con los cual se contravino las leyes y norma reglamentaria”, señala el PowerPoint al que tuvo acceso este diario.

“Las citadas resoluciones supremas de pase a retiro contravinieron el requisito de validez de ser emitidas en el procedimiento regular. Retrotraer los actos no significa blindar a policías cuestionados, los cuales pueden pasar a retiro a fin de año por renovación de cuadros regular”, aseguró.

Cluber Aliaga los instó a recurrir al Poder Judicial.

Aunque el presidente Sagasti ha dicho que no revisará las bajas policiales, continuará siendo un dolor de cabeza.

“Los 20 generales que fueron separados por el exministro del Interior Rubén Vargas pueden regresar a la Policía porque su pase al retiro fue ilegal”, aseguró el exdefensor de la Policía, general PNP (r) Máximo Ramírez de la Cruz.

“El nombramiento del nuevo comandante general (César Cervantes Cárdenas) debió ser entre los tres generales más antiguos (Jorge Lam Almonte y Herly Rojas Liendo) y, si el presidente Franscisco Sagasti no les quería dar la confianza, debió escoger al cuarto hombre que era el general Alexis Bahamonde, que estaba en línea de carrera y automáticamente obtenía el grado de teniente general”, indicó Ramírez.

“La ley es muy clara. La norma no te dice que tienes que nombrar al número 18 o al número 20, sino al más antiguo”, enfatizó Ramírez.

“El exministro Rubén Vargas ha cometido un grave error y ha inducido al presidente Sagasti a repetirlo. Como presidente tiene la obligación de corregir ese error, porque la ley de procedimientos permite la rectificación de oficio. Además, Sagasti es quien firma las resoluciones de paso al retiro”, anotó el especialista.

Enfoque por: Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo

Consideramos que se ha efectuado una interpretación errónea del artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú (para pasar al retiro a 20 generales). A nuestro juicio, la medida adoptada afecta la institucionalidad de dicho organismo, contraviene las reglas y los estándares fijados en el Tribunal Constitucional y menoscaba derechos fundamentales.

El presidente Francisco Sagasti puede cambiar los cuadros de los altos mandos y oficiales de la Policía Nacional del Perú, siempre y cuando sea constitucional, conforme a las normas vigentes.

Si bien el Poder Ejecutivo ostenta la atribución de renovar los cuadros de la Alta Dirección de la Policía Nacional, en el marco de un proceso regular o excepcional, tal poder solo puede ser ejercido en el marco de lo previsto en la Constitución.

Enfoque por: Omar Cairo, constitucionalista

Respecto al proyecto de ley que han presentado para reponer a los generales pasados al retiro, no es viable. Se trata de un proyecto de ley con nombre propio, porque es una competencia del presidente de la República la decisión de ascender o pasar al retiro a los oficiales.

El acto de ascender a un oficial o pasarlo al retiro es un acto administrativo y la ley no son actos administrativos. Los actos administrativos se refieren a una persona o situación específica. La ley, en cambio, son reglas de carácter general.

Por un lado, no es competencia del Congreso y, en segundo lugar, no se puede dejar sin efecto un acto administrativo mediante una ley, que es una norma de carácter general. Será el Poder Judicial el que lo decida, pero no puede el Congreso calificar los actos administrativos del presidente, ni dejarlos sin efecto.

Con información de: La República.