El 23 de enero, el presidente de la República Martín Vizcarra, emitió un Decreto de Urgencia para la prevención frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. A través de este, las personas y, especialmente mujeres, podrán conocer los antecedentes policiales, penales y judiciales de sus parejas.
La medida fue avalada y firmada por Vicente Zeballos, presidente del consejo de ministros, Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Carlos Morán, ministro del Interior.
El anuncio fue publicado en el diario oficial El Peruano de acuerdo al artículo 135 de la Constitución del Perú, que permite al Poder Ejecutivo legislar a través de Decretos de Urgencia, mientras no se haya establecido un nuevo Congreso.
La medida permite tener ''conocimiento de los antecedentes policiales, con la finalidad que las personas puedan tomar una decisión informada respecto a su proyecto de vida, cautelando su derecho fundamental a la integridad y a una vida libre de violencia'', según señala el decreto.
La decisión fue tomada, como explica el documento, en base a la creciente violencia contra las mujeres que existe en el país y a la necesidad de ''adoptar medidas urgentes'' para prevenir feminicidios y otros casos de violencia de género como el acoso sexual, trata de personas, explotación sexual, entre otros.
El decreto toma como premisa que todas las personas tienen el derecho de conocer los antecedentes de sus parejas (matrimonio, enamoramiento, unión de hecho, noviazgo, etc.) y señala que la información puede ser otorgada a los solicitantes de manera verbal u otro mecanismo disponible. El trámite es gratuito y no será obligatoria la emisión de un certificado.
La Policía Nacional del Perú será la encargada de proporcionar la información, entidad que deberá de actuar de acuerdo a sus áreas de competencia en caso advierta que se hayan cometido actos de violencia.
Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindará orientación sobre auto cuidado y reconocimiento de conductas peligrosas, de los servicios disponibles para los ciudadanos y, según corresponda, un plan de seguridad para la potencial víctima.