Mientras las iniciativas de Perú Libre promueven un nuevo empadronamiento, erradicación concertada, sustitución de Enaco e industrialización de la planta, especialistas en el tema sostienen que las propuestas esconden otro fin y que, de ser aprobadas, afectarán la lucha contra el narcotráfico.
Según la Comisión de Defensa del Congreso existen cuatro proyectos de ley sobre el cultivo de la hoja de coca en el país y que coinciden en puntos específicos. Estas iniciativas de ley pertenecen a los congresistas de Perú Libre Wilson Quispe, Margot Palacios, Guido Bellido y Guillermo Bermejo.
Como se recuerda, Bermejo decidió dejar la bancada gobiernista hace poco más de dos meses, pero con el mismo objetivo, todos promueven la investigación y el desarrollo industrial de los derivados de la hoja de coca, ya que la declaran cultivo emblemático y patrimonio cultural.
Pero eso no es todo, también hablan de regular esta actividad y es aquí donde detallan la intención de un nuevo empadronamiento, de la sustitución de Enaco por otra institución y de erradicación concertada.
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En una nota especial de La República, se menciona que el parlamentario Wilson Quispe plantea considerar lícitos los cultivos en las trece cuencas cocaleras del Perú, debidamente empadronadas. En los lugares con sustitución de cultivos y desarrollo alternativo estarán sujetos a una reducción concertada y voluntaria.
También añade que el Ejecutivo notifique al secretario general de la ONU el retiro de la coca de la lista nº 1 de la Convención Única de Estupefacientes, de 1961.
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Mientras tanto, la congresista Margot Palacios considera lícita la hoja de coca para usos legales, desde la siembra hasta el proceso de cosecha y producción. Pide establecer un mecanismo de producción colectiva, comunitaria y autogestionaria para su industrialización.
Como si fuera poco, quiere la creación del Instituto de Fiscalización e Investigación Tecnológica de la hoja de coca con el propósito de controlar y fiscalizar la producción, comercialización, industrialización e investigación del uso de la planta.
Guido Bellido no se queda atrás y toca el tema de la actualización del padrón de productores. Solicita que el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se encargue de impulsar el comercio de la coca y sus derivados lícitos.
Otro parlamentario que menciona el empadronamiento de cocaleros y la reducción voluntaria y concertada de cultivos es Bermejo, quien precisa que Enaco actualizará el registro de productores de coca cada cinco años.
Del mismo modo, declara de prioridad nacional la revalorización de la hoja de coca e indica que el Estado deberá implementar políticas públicas para promover sus cualidades y su consumo.
Sobre el tema, el exministro del Interior Rubén Vargas encuentra que estas propuestas legislativas alegan la lucha contra las drogas, pero en el fondo tienen por objetivo legalizar toda la hoja de coca que se cultiva en el Perú.
Asimismo, menciona que, para el partido de gobierno, y especialmente para algunos congresistas, no existe el problema de las drogas en el Perú, sino solo la informalidad en la producción de la hoja de coca.
Vargas considera también que esta es una lectura sesgada, interesada en legalizar el cultivo de un producto que en más del 90% termina convertido en cocaína. Por otro lado, recuerda que hoy la coca es un cultivo fiscalizado y solo tienen legalidad los cultivos empadronados ante Enaco en un padrón de 1978. Y refiere que la ley vigente prohíbe nuevos empadronamientos.
El especialista agrega que por un lado el Gobierno pretende legalizar la hoja de coca y, por otro, desde Devida, se evita la erradicación, lo cual afecta la lucha contra las drogas.
Sin embargo, para Jaime Antezana, lo más cuestionable es la pretensión de Guillermo Bermejo de legalizar una hectárea por familia, lo cual generaría que las actuales 10.000 hectáreas para producir 12.000 toneladas métricas de hoja de coca de consumo tradicional se incrementen.
“Es una idea que han traído de Bolivia, donde por ley se legalizaron 24.000 hectáreas de hoja de coca cuando solo necesitaban de 11.000 a 12.000 hectáreas para consumo tradicional”, refiere. Y acota que la industrialización en Bolivia también ha fracasado.