La congresista Norma Yarrow presentó este lunes el proyecto de ley 1154/2021-CR, con el cual se busca interpretar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú a fin de que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda ser investigado mientras ejerce dicho cargo, “reservando únicamente la acusación hasta la culminación de su mandato”.
Para ello, la parlamentaria de Avanza País agrega una disposición transitoria: “La norma se aplica inmediatamente a toda investigación que se encuentre suspendida a la entrada en vigencia de la presente ley”.
De esta manera, si la iniciativa legislativa recibe el respaldo de la representación nacional, las indagaciones en contra del mandatario —presunta injerencia en ascensos de Fuerzas Armadas y supuesto favorecimiento en contrataciones de Petroperú— podrían seguir su curso.
La denominada “ley de desarrollo” también establece que “el incumplimiento de esta disposición genera responsabilidad a la autoridad encargada de la investigación”, es decir, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien de acuerdo a la carta magna es la única funcionaria que puede iniciar pericias en contra del jefe de Estado.
Según la congresista Norma Yarrow, la investigación a un presidente en funciones garantiza “el aseguramiento de pruebas que deben ser recabadas por la Fiscalía para evitar que el paso del tiempo permita la eliminación de las mismas y evitar el futuro procesamiento de la máxima autoridad del país”.
“La inmunidad presidencial es un privilegio que debe ser interpretado en forma restrictiva y no amplia, ello en el marco de una interpretación unitaria de la Constitución (...). La inmunidad para ser acusado penalmente es un privilegio que debe restringirse al máximo, permitiendo que todas las personas en la medida de lo posible sean tratadas en forma igualitaria frente a la comisión de un ilícito penal”, se lee en el texto.
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De igual manera, Yarrow Contreras sostiene que su iniciativa “busca desterrar la impunidad del primer mandatario del Estado”.
“Asimismo, evitaría el abuso de poder, pues en la práctica podría ser investigado por todo delito cometido, evitando con ello actos de corrupción que podrían generarse como en todos los últimos casos de presidentes en nuestro país”, explicó.
(Con información de Diego Casimiro/La República)