Confirmado: paro nacional de transportistas se llevará a cabo durante estas fechas cruciales

El gremio de transportistas en Perú ha confirmado el inicio de un paro nacional como medida de protesta ante la creciente ola de criminalidad y la falta de acciones concretas por parte del Gobierno de Dina Boluarte. Las demandas de los transportistas se centran en la inseguridad y la ineficiencia del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis de extorsión y violencia que afecta al país. A continuación, te brindamos todos los detalles sobre las fechas, las razones de esta movilización y su impacto en el territorio nacional.

Los transportistas, agrupados bajo la Unión de Gremios y Transportes Multimodal del Perú, han hecho públicas las fechas en las que se llevarán a cabo las manifestaciones contra la criminalidad. Este paro nacional pretende ser un llamado de atención al Gobierno para tomar medidas concretas ante la inseguridad que afecta a los transportistas y a la población en general. Estas son las fechas clave para el paro:

Aunque la Unión de Gremios ha confirmado las fechas mencionadas, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha indicado que su gremio aún no ha determinado las fechas exactas de su participación en el paro. Sin embargo, Campos señaló que podrían sumarse a la movilización entre el 22 y 24 de octubre. Esto abre la posibilidad de que el paro se extienda aún más, lo que podría aumentar su impacto en las actividades económicas y el transporte a nivel nacional.

El paro nacional de transportistas no solo busca exigir mayor seguridad para los conductores que enfrentan a diario amenazas de extorsión y violencia, sino que también está relacionado con el reciente debate en torno a la Ley 32108. Esta norma, que regula el combate contra el crimen organizado, fue modificada el 16 de octubre de 2024 por el Congreso del Perú, pero no fue derogada como lo exigen los transportistas.

Con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Congreso del Perú aprobó un texto sustitutorio de la Ley 32108. Esta modificación mantiene la definición de "organización criminal" tal como fue establecida inicialmente por el Congreso. Sin embargo, no satisface las demandas de los transportistas, quienes exigen la derogación completa de la ley.

Uno de los cambios más significativos fue la reducción de la pena privativa de la libertad, de 6 a 5 años, para quienes cometan delitos graves como extorsión, secuestro y sicariato con el objetivo de obtener beneficios económicos. Esta medida ha sido interpretada por los gremios de transportistas como una señal de que el Gobierno no está dispuesto a endurecer las penas contra el crimen organizado, lo que incrementa su sensación de vulnerabilidad frente a la creciente violencia.

El paro nacional de transportistas tiene potencial para generar un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de los peruanos. Dado que el transporte de mercancías y pasajeros es un pilar fundamental para la distribución de bienes, un paro prolongado podría afectar el abastecimiento de productos en diversas regiones, generando escasez y encarecimiento de ciertos productos.

Además, la movilización podría complicar la movilidad en Lima y otras grandes ciudades, especialmente el 31 de octubre, cuando se esperan protestas masivas en la capital. Esta situación, sumada a las tensiones políticas con el Gobierno, podría derivar en un escenario de mayor conflictividad social si no se llega a un acuerdo que atienda las demandas de los transportistas.

El paro nacional de transportistas es, en esencia, un llamado a la acción por parte del Gobierno de Dina Boluarte para enfrentar con firmeza la inseguridad y la criminalidad que afectan a los ciudadanos. Los transportistas, a través de sus movilizaciones, buscan visibilizar su lucha y la necesidad de que se tomen medidas efectivas para proteger a quienes a diario trabajan en las carreteras del país.

Sin embargo, la falta de respuesta concreta por parte del Ejecutivo ha generado una sensación de abandono entre los transportistas y la población en general. Las próximas semanas serán decisivas para conocer si el Gobierno toma en cuenta las demandas del gremio y si se logra establecer un diálogo que evite un conflicto mayor.

El Minedu aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema, y las universidades están en proceso de evaluación.