Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular, inculpó sin pruebas a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, de haber estado vinculada a la organización terrorista Sendero Luminoso durante su periodo universitario. El parlamentario dijo no tener pruebas; sin embargo, respaldó su versión en supuestas “declaraciones públicas de varias personas”.
“Ha tenido relación con Sendero Luminoso en esa época, en La Cantuta. No tengo pruebas, tengo información que quedó (de aquella vez). Está dicho por una persona de la época. Hay declaraciones públicas de varias otras personas también”, expresó el legislador en diálogo con Canal N.
Ante los cuestionamientos de la entrevistadora, debido a que la ministra no presenta ninguna denuncia al respecto, Jorge Montoya indicó que se trata de una sospecha. Sin embargo, reiteró que para él esto bastaba para ser retirada de su cargo.
“Es una sospecha, pero cualquier cosa que manche la imagen de un ministro de Estado debe ser censurable”, precisó.
En otro momento, el vocero de Renovación Popular opinó que los titulares de las carteras de Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo, también tendrían que ser apartados de sus cargos por los cuestionamientos que se les imputa. Con estas condiciones, Montoya adelantó que su bancada podría considerar darle el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.
Después de la designación de Gisela Ortiz como ministra de Cultura, en redes sociales ha venido circulando información sobre un presunto testimonio que revelaría supuestos vínculos que tuvo Ortiz con Sendero Luminoso y con Movadef. No obstante, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ha ocupado de recolectar firmas nacionales e internacionales para respaldar a la activista a favor de los derechos humanos.
La petición indica que Gisela Ortiz fue parte de los familiares que denunciaron a la opinión pública, en julio de 1992, la desaparición de nueve estudiantes, entre ellos su hermano Enrique Ortiz, y un profesor de la Universidad La Cantuta.
“Desde el momento de la denuncia inicial, Gisela Ortiz fue conocida públicamente por su ardua labor en favor de conocer la verdad y obtener justicia para los desaparecidos de La Cantuta. Posteriormente, su lucha se amplió, transformándose en una activista de derechos humanos en causas contra graves crímenes cometidos en el país”, detalla la CNDDHH.
Del mismo modo, explican que, debido a acciones contra la Ley de Amnistía, del gobierno de Alberto Fujimori, que buscaba favorecer al grupo Colina, y otras, Gisela Ortiz “ha sido blanco de diversas campañas de desprestigio y estigmatización que han pretendido ligarla tanto a ella como a las víctimas de La Cantuta a organizaciones subversivas".
