Vladimir Cerrón asegura que ya pagó su deuda y pide que Fujimori y Montesinos también lo hagan
Tras haber intentado sin éxito anular su sentencia ante la Corte Suprema, el líder de Perú Libre, anunció que ha pagado su reparación civil.
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El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien constantemente se mantiene activo en redes sociales y a la expectativa del actual escenario político, anunció este jueves que ha cancelado el pago de reparación civil que le debía al Estado, tras haber sido sentenciado por corrupción cuando era gobernador de la región de Junín.
El acusado de corrupción en agravio al Estado usó sus cuentas de redes sociales para comunicar que ya realizó el pago de reparación civil; y aprovechó la oportunidad, para exigir al expresidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, y otros personajes, que también cancelen su deuda al Estado.
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"Terminamos de pagar la reparación civil que nos impusieron en una sentencia arbitraria y altamente politizada. El Perú está expectante para que el nuevo ministro de Justicia, Aníbal Torres, haga efectivo el cobro a los que se niegan a cumplir la ley", anunció hoy el líder izquierdista en un post, donde también detalló el monto que deben Fujimori Fujimori y demás sentenciados.
Vladimir Cerrón intentó anular sentencia y obviar el pago de reparación civil
Como se recuerda, tras ser sentenciado por la Corte Suprema por el delito conta la Administración en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado; Vladimir Cerrón fue inhabilitado en el 2019 por el plazo de un año y fijó en S/ 850,000 el monto que, por concepto de reparación civil, debería abonar solidariamente.
A principios del mes de agosto 2021, La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, contra la sentencia emitida el en su contra por el delito de corrupción de funcionarios.
Lo que buscaba el exgobernador de Junín -en la práctica- era anular la condena impuesta por la justicia en su contra por corrupción.
Asimismo, dejó in efecto el extremo de la sentencia de primera instancia que les impuso cuatro años con ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva y reformándola, los condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años, bajo reglas de conducta.