Indulto a favor de Alberto Fujimori dejará impunes casos de esterilización forzada
La liberación de Alberto Fujimori estaría en la mira de Keiko Fujimori de llegar al Gobierno del Perú en medio de la segunda vuelta electoral.
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Autor: César Romero
Keiko Fujimori tiene como objetivo principal la liberación de su padre Alberto Fujimori, de llegar al Gobierno del Perú; sin embargo, según información de La República, un indulto a favor del líder del clan, dejará impune los casos de esterilización forzada que hasta el día de hoy afecta a cientos de mujeres sometidas en aquella época.
De acuerdo con lo anunciado, Fujimori recibirá el indulto de la sentencia de 25 años que viene cumpliendo y el derecho de gracia para archivar todos los casos pendientes.
Esto incluye la denuncia por las esterilizaciones forzadas, lo que supone el desconocimiento del acuerdo de “Solución Amistosa” que el Perú firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez.
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Dicho acuerdo señala que: “El Estado peruano se compromete a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aunque en el caso de que se trate de funcionarios públicos, sean civiles o militares”, fue el compromiso de nuestro país.
“En este sentido –continúa el acuerdo–, el Estado peruano se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por los atentados contra la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud y, en su caso, a sancionar a los responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento de la señora Mamérita Mestancia Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas”.
El acuerdo se firmó el año 2003 y hasta hoy está pendiente de cumplimiento. El 2017, la CIDH exhortó al Gobierno a cumplir con el acuerdo y, por tanto, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas.
Más recientemente, en octubre del 2020, ante una demanda de amparo del exministro Marino Costa Bauer, el Tribunal Constitucional reiteró que el Perú debe cumplir el acuerdo y exhortó al Poder Judicial a iniciar el proceso judicial, más de 20 años después de ocurridos los hechos.
En el contexto internacional, las esterilizaciones forzadas que se realizaron durante el gobierno de Alberto Fujimori son calificadas como un delito contra los derechos humanos y de lesa humanidad, independiente de la calificación en el Código Penal Peruano.
En febrero del 2020, la fiscal formuló denuncia contra Alberto Fujimori, los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y otros por lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte.
En febrero último, el juez Rafael Martínez inició las audiencias que permitirán que por primera vez este caso sea visto por el Poder Judicial.
