El Poder Judicial rechazó imponer prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, luego de confirmar que no existen graves elementos de convicción de sospecha grave sobre su supuesta vinculación con los actos ilícitos del que se le investiga.
El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, solicitó la medida restrictiva en contra del ahora candidato al Congreso de la República por el plazo de 18 meses, al imputarlo de asociación ilícita, y otros delitos en el marco de la investigación del caso Club de la Construcción.
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, declaró infundado el pedido fiscal, sin embargo le ordenó comparecencia con restricciones, luego de analizar los alegatos de ambas partes en la audiencia que inició el último miércoles.
El exmandatario le impuso el paso de S/ 100 000 soles de caución económica que deberá cancelar en 10 días hábiles. Además, de otras medidas restrictivas. El fiscal Germán Juárez anunció que apelará a la medida, y el abogado de Vizcarra Cornejo se mostró satisfecho.
Desde noviembre de 2020, Vizcarra Cornejo está impedido de salir del país por 18 meses, restricción que la la misma magistrada le impuso en referencia al caso mencionado.
La jueza explicó cada argumento que tomó para no imponer la prisión preventiva en contra del exmandatario. Si esta era aprobada, el ahora candidato hubiera estado impedido de ejercer algún cargo público, como el de congresista de la República en caso salga elegido en las Elecciones Generales 2021.
Respecto a la información dada por los aspirantes a colaboradores eficaces, señaló que estas se sustentan en documentos oficiales, declaraciones de testigos, vinculaciones telefónicas y de mensajes de texto.
El fiscal Germán Juárez considera que el ex jefe de Estado recibió sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, por lo que le imputa los supuestos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio. Esta hipótesis la toma luego que diferentes aspirantes a colaboración eficaz dieran detalles al respecto.
José Rafael Granados y José Castillo, representantes de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), mencionaron que entregaron S/ 1 300 000 a Vizcarra Cornejo por la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua, además del alquiler de una avioneta para atender a una delegación boliviana que quería visitar el puerto de Ilo.
En este caso, señalaron que el exministro José Manuel Hernández fue intermediario en la entrega de las coimas. Esta versión fue confirmada por el mismo ex alto funcionario.
Por su parte, Elard Paul Tejeda Moscoso de Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) aseguró que el entonces gobernador solicitó S/ 1 000 000 para favorecerlos en la obra de Lomas de Ilo, equivalente a un 2% del costo de la construcción.
La Fiscalía señaló que las declaraciones de los cinco colaboradores con los que cuenta, se confirma con el registro histórico de llamadas telefónicas, correos del requerimiento de la avioneta y mensajes de WhatsApp entre Hernández y Vizcarra.
Con información de: La República.