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09 Ago 2022 | 12:14 h

Freddy Díaz, congresista acusado de violación, trabaja con total normalidad en su oficina

Luego de haber estado en la clandestinidad, Freddy Díaz cotinúa ejerciendo sus labores en su despacho. Sobre él recae una denuncia por violación que habría ocurrido en su oficina.

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    Freddy Díaz, congresista acusado de violación, trabaja con total normalidad en su oficina | GLR

    El congresista Freddy Díaz, quien llegara al Parlamento bajo las banderas de Alianza para el Progreso, partido que posteriormente lo expulsó, continúa ejerciendo sus labores en su despacho ubicado en jirón Azángaro, Cercado de Lima.

    Así lo informó el periodista Martín Calderón en su cuenta de Twitter, en donde informó que, en el mismo espacio que presuntamente habría violado a una joven, Díaz continúa laborando como congresista.

    "El portal de transparencia del Congreso registra que entre el 1 de agosto y ayer se reunió con su hermano, Edwin Díaz Monago, y otros tres ciudadanos. Dos de ellos confirmaron que fueron recibidos por el legislador", expresó Calderón.

    El hombre de prensa resaltó que mientras no haya sido suspendido o desaforado, Freddy Díaz podrá continuar con sus actividades como parlamentario.

    En el marco de este tema, la Comisión de Éitca del Congreso aprobó iniciar una investigación en contra de Díaz por vulnerar el código de ética parlamentaria. Podría ser suspendido por 120 días.

    Dicha decisión se sustenta en el informe emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética. En dichos documentos se revela que Díaz, luego que fuera denunciado por su trabajadora, solicitó al área de Recursos Humanos del Congreso el despido de la denunciante el pasado 1 de agosto lo cual, según indica el documento, podría ser considerado una represalia.

    Impedido de salir del país

    Recientemente, el Poder Judiclal dictó nueve meses de impedimento de salida del país para Freddy Díaz Monago. Esto ocurre en el marco de las investigaciones por el delito de violación sexual: fue la respuesta al requerimiento del Ministerio Público.

    El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, perteneciente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso que el oficio sea remitido a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se cumpla con la medida de coerción personal.