Pedro Castillo: subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional por traición a la patria
La subcomisión admitió a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por declaraciones sobre otorgar salida al mar a Bolivia.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el trámite de la denuncia constitucional N° 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Con nueve votos a favor, procede el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional por una supuesta infracción a la Carta Marga y presunta traición a la patria.
La acusación dirigida por la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Rosío Torres, refiere a las declaraciones del mandatario sobre la posibilidad de otorgar salida al mar a Bolivia. El voto decisivo fue otorgado por la presidenta del grupo legislativo, el cual permitió continuar con las etapas investigativas de la subcomisión.
De superarse la investigación de la denuncia, pedido de descargos y argumentos de las partes se pasaría a la Comisión Permanente y en una etapa final al Pleno. Es importante mencionar que, el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón señaló que el plazo para la calificación había vencido; sin embargo, la subcomisión rechazó la cuestión de orden con 8 votos en contra de su afirmación.
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¿Qué señala el texto de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo?
La acusación constitucional por el presunto delito de traición a la patria fue redactada tomando en cuenta las denuncias de los ciudadanos contra el presidente de la República.
Es así como se declaró procedente la denuncia constitucional 219, formulada por los ciudadanos Fernán Altuve-Febres Lores, Ángel Delgado Silva, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela van Breugel-Douglas, y César Vignolo Gonzáles Del Valle, que hicieron suya los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) y José Cueto Aservi (RP).
Asimismo, el texto señala que la acusación recae “contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1,2,11) de la Constitución”.
En la misma línea, también declara procedente la denuncia por “atentado contra la integridad nacional, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y el artículo 78, numeral 27, del Decreto Ley 23214, Código de Justicia Militar”.
Tras proceder con el trámite se solicitó a la Comisión Permanente del Congreso que otorgue el plazo de “Reglamento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a efectos de que desarrolle la investigación correspondiente”. El informe de calificación deberá ser presentado para la aprobación del plazo dentro del cual la subcomisión realizará el informe, el cual no podrá ser mayor a 15 días hábiles.
“(Ese plazo podría ser) prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales”, señala el dispositivo legal.
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Denuncia constitucional contra el exministro de Defensa continúa en espera
La denuncia constitucional formulada por la congresista Patricia Chirinos contra el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, fue delegada al parlamentario José Jerí Oré (SP). La acusación se presentó por presunta infracción del artículo 39 de la Constitución, y por la probable comisión de los delitos de Coacción y Patrocinio Ilegal, tipificados en los artículos 151 y 385 del Código Penal, respectivamente.
Asimismo, se dio cuenta a la denuncia formulada por el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción (e), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Javier Pacheco Palacios, contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.
La acusación refiere a la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real, tráfico de influencias, y contra la tranquilidad pública – organización criminal, tipificados en los artículos 395, 376, 405, 400 y 317 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado.